La eliminación y reconversión sistemática de cargos fonoaudiológicos en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires encendió una alarma profunda sobre las condiciones reales en las que se desarrolla la escolaridad de miles de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Lejos de constituir una simple modificación administrativa, la ausencia de estos especialistas en las aulas genera barreras cotidianas que obstaculizan la comunicación, el aprendizaje y la convivencia plena, convirtiendo el concepto de integración en una promesa formal vacía de recursos concretos.
A través de una carta abierta titulada «La paradoja de la inclusión sin especialistas», el Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires expuso una realidad inocultable: la vulneración de derechos se manifiesta con crudeza en los espacios de socialización escolar, donde las dificultades vinculadas al lenguaje y la comunicación impiden que los estudiantes participen de actividades comunitarias, culturales y de comedores en igualdad de condiciones con sus pares. Esta situación colisiona directamente con el espíritu y la letra de la normativa vigente, específicamente con la Resolución 1664/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, que consagra los apoyos técnicos y profesionales como una condición innegociable para garantizar trayectorias educativas equitativas.
Un rol indispensable más allá de las aulas especiales
La injerencia de la fonoaudiología dentro de las instituciones escolares trasciende los límites de la educación especial o de los niveles inicial y primario. Su presencia resulta vital en la cotidianidad de las escuelas secundarias y en los institutos de formación superior, donde los futuros docentes necesitan incorporar herramientas teóricas y prácticas para abordar la diversidad en el aula, además de recibir orientación para el cuidado de la voz, que constituye el principal instrumento de trabajo en la labor pedagógica. Desde la entidad profesional remarcan que los equipos interdisciplinarios no operan como un beneficio discrecional o un recurso optativo, sino como una columna vertebral que sostiene la tarea docente frente a las complejidades del aprendizaje contemporáneo.
Frente a este escenario de vaciamiento, las autoridades colegiadas reclamaron la inmediata apertura de canales de diálogo con la cartera educativa bonaerense para revertir la tendencia a la baja de las partidas y jerarquizar la labor de los profesionales en el ámbito público. La demanda apunta a superar la mera convivencia física dentro del establecimiento escolar para transitar hacia una dinámica de verdadera participación, donde el sistema estatal asuma la responsabilidad indelegable de proveer los insumos humanos necesarios para que el derecho a aprender no dependa de las posibilidades económicas de cada familia.
