La administración nacional formalizó una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para intentar frenar de manera definitiva la explotación de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido en las aguas circundantes a las Islas Malvinas. La medida llega luego de que expirara el plazo de intimación dirigido a Londres para detener el desarrollo del proyecto Sea Lion, operado por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, una iniciativa que proyecta extracciones millonarias en una zona sujeta a una disputa soberana reconocida por las Naciones Unidas.

El expediente presentado en Alemania se apoya en los mecanismos previstos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), dando continuidad al procedimiento arbitral iniciado a fines de septiembre. La estrategia oficial busca preservar los derechos soberanos sobre la plataforma continental y evitar que las acciones unilaterales del gobierno británico consoliden un escenario de daños irreparables sobre los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur.

Un litigio sin antecedentes en la historia bilateral

La disputa jurídica introduce un mecanismo inédito en las relaciones bilaterales al someter por primera vez a un tribunal internacional los actos unilaterales de Londres en el archipiélago. Desde la cancillería y la administración central remarcan que la vía elegida respeta los compromisos internacionales asumidos por ambos países al ratificar la CONVEMAR, rechazando las acusaciones británicas sobre supuestas intenciones de socavar derechos preexistentes en la región marítima en litigio.

El núcleo del conflicto económico y geopolítico radica en el proyecto Sea Lion, emplazado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Las empresas involucradas, con mayoría accionaria de Navitas Petroleum y participación minoritaria de Rockhopper Exploration, mantienen un cronograma que contempla perforaciones de desarrollo hacia principios de 2027 y el inicio formal de la producción masiva para 2028, respaldadas de manera explícita por las autoridades del Reino Unido.

"Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal", señalaron fuentes diplomáticas al detallar el alcance de la presentación.

Las proyecciones técnicas de las compañías petroleras estiman que la primera etapa de extracción podría aportar unos 55.000 barriles diarios, con planes de expansión que duplicarían esa cifra en fases posteriores. Frente a este panorama, la postura de la Casa Rosada enfatiza que cualquier avance en la extracción de crudo en esos espacios marítimos vulnera de forma flagrante el derecho internacional y genera un perjuicio irreversible sobre la soberanía de los recursos naturales del país, abriendo una nueva etapa de tensión diplomática y judicial en escenarios multilaterales.