La pulseada en torno al futuro de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ingresa este jueves en su tramo más determinante, cuando el Poder Ejecutivo proceda a la apertura de las ofertas económicas correspondientes a los dos consorcios que lograron superar las instancias previas de evaluación. La operación, concebida dentro del vasto plan oficial de desinversión y achique del Estado, contempla la transferencia del noventa por ciento del paquete accionario que actualmente administra la Nación, bajo la figura de una concesión operativa que se extenderá por un plazo inicial de treinta años, con la posibilidad de una prórroga decenal sujeta al cumplimiento de metas específicas.
El proceso licitatorio, canalizado formalmente a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, convoca la atención tanto de los mercados financieros como del arco político nacional. En la puja final participan dos agrupamientos empresarios bien diferenciados. Por un lado, figura el consorcio encabezado por la firma Rowing S.A., que integra sus filas junto a Transclor —proveedora histórica de insumos químicos para el tratamiento del agua—, la brasileña Arcos Saneamento e Participações y el fondo PHX Aqua AR B.V. En la vereda de enfrente se posiciona el bloque liderado por el tradicional Grupo Roggio, asociado a Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre, consolidando una propuesta con antecedentes previos en el manejo de servicios sanitarios provinciales.
Un negocio multimillonario bajo la sombra de la controversia política
Si bien la licitación no fijó un precio mínimo de mercado de carácter público, estimaciones preliminares del oficialismo sitúan la expectativa de recaudación en torno a los quinientos millones de dólares. Como reaseguro técnico, una tasación de referencia confeccionada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) permanecerá bajo estricta reserva hasta el momento exacto de abrir las propuestas económicas, constituyendo el parámetro ineludible para convalidar o rechazar las ofertas recibidas. Además del monto inicial por la compra de las acciones, el futuro concesionario deberá afrontar compromisos de inversión sumamente ambiciosos, calculados en más de dos mil millones de dólares durante el primer lustro de gestión, con una proyección total que oscila entre los trece mil y quince mil millones de dólares a lo largo de toda la concesión.
Las exigencias contractuales estipulan objetivos estrictos de expansión de la red cloacal y de agua potable, fijando para el año 2031 metas de cobertura del setenta y cinco por ciento y del sesenta y cuatro por ciento respectivamente, porcentajes que deberán escalar hasta el noventa y setenta y cinco por ciento hacia el ocaso del contrato. Sin embargo, la dimensión técnica de la licitación quedó eclipsada por la fuerte confrontación institucional suscitada en el Congreso de la Nación. Durante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, referentes del bloque opositor de Unión por la Patria elevaron duras críticas contra el hermetismo del procedimiento, advirtiendo sobre posibles direccionamientos en favor de allegados al círculo íntimo del poder central. La discusión se cruza, de este modo, con el delicado escenario tarifario que experimenta el servicio, sumando un nuevo capítulo a la prolongada controversia histórica sobre la administración de los recursos sanitarios esenciales en la región metropolitana.
