La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense renovó la asignación de 425 módulos de educación secundaria para que un grupo de trece agentes cumpla funciones exclusivamente administrativas en una dependencia central de la administración provincial. La medida, instrumentada a través de un documento oficial fechado a principios de enero de este año, expone una práctica recurrente en la gestión de recursos humanos dentro de la cartera educativa que conduce actualmente Flavia Terigi, donde horas destinadas teóricamente a la enseñanza en las aulas terminan siendo absorbidas por tareas de oficina.

El memorándum oficial detalla que la nómina de beneficiarios incluye a siete personas con cuarenta módulos cada una, cinco con veinticinco y una con veinte. Todos ellos fueron asignados para desempeñarse en la Dirección Provincial de Consejos Escolares y Coordinación Institucional, un área clave bajo la órbita del gobierno que encabeza Axel Kicillof. La solicitud de continuidad lleva la firma del director provincial del área, Alejandro Alberto Perrone, quien fundamentó la medida en la supuesta necesidad de contar con personal especializado para dar continuidad a las tareas que se venían desarrollando desde el período anterior, amparándose en la resolución marco 1.324 de 2021.

Las claves de la medida y los puntos sin aclarar

La documentación administrativa genera interrogantes sobre los mecanismos de control y la transparencia en la utilización de los recursos pedagógicos de la provincia, especialmente en un contexto donde las escuelas bonaerenses suelen reclamar mayor cantidad de horas cátedra frente a los alumnos.

  • Destino de los recursos: 425 módulos originalmente concebidos para el nivel secundario son utilizados en una oficina de la administración central.
  • Falta de especificidad: El memorándum no detalla las tareas específicas asignadas a cada uno de los trece agentes involucrados en la renovación.
  • Ausencia de controles: El texto oficial omite mencionar horarios de cumplimiento, mecanismos de certificación de servicios o registros que descarten posibles superposiciones horarias con otros empleos públicos.
  • Amparo legal: Las designaciones se sustentan en una resolución administrativa previa que habilita este tipo de movimientos de personal dentro de la estructura ministerial.

Si bien la normativa vigente permite este tipo de afectaciones de personal bajo determinadas circunstancias burocráticas, la falta de especificación sobre las funciones reales y los mecanismos de fiscalización abre el debate sobre la eficiencia en la asignación de los recursos destinados al sistema educativo provincial. Hacia los próximos días, se espera que desde distintos sectores legislativos e institucionales se requieran informes detallados para constatar la efectiva prestación de servicios de los agentes involucrados y conocer los criterios que priorizan el uso de horas docentes en tareas de escritorio por sobre la cobertura escolar.