El ejercicio ilegal de la medicina y de las profesiones de la salud representa un peligro latente que vulnera no solo la fe pública sino, de manera más alarmante, la integridad psicológica de pacientes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En las últimas horas, la justicia ordinaria comenzó a desentrañar un entramado de usurpación de títulos en la región, luego de que una joven de veintisiete años fuera imputada por atender pacientes y emitir diagnósticos clínicos sin contar con la habilitación correspondiente otorgada por el colegio profesional.
La causa judicial se puso en marcha a partir de una presentación formal realizada por las autoridades del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito XI. El expediente quedó bajo la órbita de la fiscal Cecilia Corfield, quien ordenó una serie de diligencias que derivaron en el allanamiento del domicilio donde la sospechosa, identificada como Tamara Solange Roh, recibía a quienes contrataban sus supuestos servicios terapéuticos.
Una consulta escolar que destapó el engaño terapéutico
El hilo conductor que permitió destapar la maniobra comenzó a desenredarse cuando una familia platense, que había contratado a la joven para tratar a su hija adolescente de dieciséis años, intentó utilizar un documento firmado por la falsa profesional. La menor llevaba aproximadamente tres meses asistiendo a sesiones presenciales coordinadas por la acusada, un período durante el cual se ofrecieron tratamientos y se cobraron honorarios de manera sistemática, según se desprende de la denuncia penal.
La situación irregular salió a la luz cuando los familiares solicitaron un informe psicológico detallado para presentar ante el establecimiento educativo al que concurría la adolescente. El escrito, fechado a mediados de junio, llevaba por título un diagnóstico clínico formal e incluía conclusiones profesionales firmadas y selladas por Roh, quien presuntamente utilizaba un número de matrícula apócrifo para dar apariencia de legalidad a su labor. Fue el propio ámbito educativo el que advirtió a los padres sobre la inconsistencia del documento, lo que motivó una consulta directa ante el colegio profesional y la posterior radicación de la denuncia en sede judicial.
Tras los operativos policiales llevados a cabo por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones, la acusada fue demorada y alojada durante una noche en una dependencia policial antes de ser trasladada para prestar declaración indagatoria. Si bien la fiscalía dispuso que recupere la libertad mientras avanza la instrucción del expediente, las conductas investigadas fueron preliminarmente encuadradas bajo la figura de presunto curanderismo y ejercicio ilegal de la profesión, un delito que contempla sanciones para quienes se atribuyen títulos sanitarios sin reunir los requisitos legales exigidos por la legislación vigente en territorio bonaerense.
