El Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) se encuentra ante un hito institucional de proporciones históricas en su trayectoria gremial y profesional. Por primera vez, la entidad busca alcanzar una representación directa en el Consejo de la Magistratura de la Nación a través del estamento de la abogacía, un espacio de vital relevancia institucional encargado de la selección, sanción y administración de los magistrados del Poder Judicial federal. Para cumplir este cometido, la institución presentó formalmente las propuestas de la Lista 1 'Abogacía Federal', un armado que encabeza el expresidente del colegio y actual referente de la gestión, Fernando Pablo Levene.
El lanzamiento se concretó en el Salón de Actos del CALP ante una masiva concurrencia que superó a los quinientos profesionales del derecho matriculados en la jurisdicción local. Este cónclave sirvió como plataforma de debate en torno a los múltiples desafíos que implica el ejercicio profesional cotidiano en los tribunales federales, una órbita que históricamente ha presentado complejidades operativas para los letrados del fuero ordinario que litigan en la región. Las elecciones que definirán este crucial escaño se llevarán a cabo el próximo martes 20 de octubre, jornada en la cual la sede colegial platense funcionará como uno de los centros de votación habilitados para recibir la voluntad de los sufragantes.
Una gestión con proyección federal
Durante la presentación, la presidenta del CALP, Marina Mongiardino, hizo hincapié en la necesidad de trasladar hacia el plano nacional las metodologías de trabajo y las herramientas de contención desarrolladas a nivel local. La estrategia del espacio apunta a replicar una dinámica institucional basada en la escucha activa y la resolución de conflictos cotidianos, pilares que según la conducción actual han modificado el vínculo cotidiano entre los matriculados y la estructura colegiada. En la misma línea, Fernando Levene detalló los ejes programáticos que sostienen la postulación, poniendo el foco en la creación de mecanismos institucionales que amortigüen los inconvenientes estructurales que enfrentan los abogados en sus tareas diarias.
Entre las iniciativas anunciadas sobresale la creación de un Observatorio del Ejercicio Profesional en el Fuero Federal, concebido como una herramienta de diagnóstico para relevar demoras procesales, deficiencias en los sistemas informáticos y las condiciones edilicias en las dependencias judiciales. Asimismo, el sector proyecta implementar una simplificación radical para el acceso a la matrícula federal, buscando que los profesionales puedan gestionar la habilitación en el mismo momento de su inscripción colegial y sin costos adicionales que graven el inicio de su actividad. En el plano académico, las propuestas contemplan la implementación de talleres de adaptación al nuevo sistema acusatorio federal, la puesta en marcha de una diplomatura específica en Derecho Procesal para el año 2027 y la ampliación de los contenidos de la Revista Jurídica institucional.
Estructura de asistencia y funcionamiento institucional
El armado de 'Abogacía Federal' congrega a doce espacios internos de la vida colegial platense, consolidando una unidad sin precedentes que respalda las candidaturas de Levene junto a Juan Manuel Araoz Ortega, Sandra Silvina Paris junto a Alejandra Marcela Lazzaro, Eduardo Daniel Awad junto a Carlos Gustavo Ensinck, y Myriam Beatriz Londero junto a Laura Ángela Martínez. Esta amalgama de agrupaciones busca dotar a la representación de una impronta plural, capaz de absorber las demandas de los distintos sectores que componen la colegiatura local y proyectarlas hacia el organismo nacional.
La propuesta integral también abarca la creación de una consultoría especializada para resolver dudas sobre plazos y trámites, la extensión de las mesas de diálogo con magistrados de la Cámara Federal local y de primera instancia, y la gestión de una Sala de Profesionales en el edificio de tribunales situado en avenida 8 y 50. Con este despliegue de iniciativas normativas, académicas y logísticas, la abogacía organizada de la región procura consolidar un puente institucional definitivo hacia el Consejo de la Magistratura, buscando incidir de manera directa en las políticas de administración de justicia que rigen en todo el territorio nacional.
