La promesa oficial de erradicar los privilegios y las prácticas de la política tradicional vuelve a quedar en el centro de la escena institucional a partir de una presentación judicial que sacude los despachos del oficialismo. La denuncia formal impulsada por la diputada Marcela Pagano apunta directamente contra el exsecretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, por presuntas maniobras incompatibles con la función pública en el diseño y posterior adjudicación de un millonario corredor vial estratégico.

El eje central de la acusación gira en torno al manejo del proceso licitatorio del denominado Tramo Centro de la Red Federal de Concesiones, que abarca 681 kilómetros entre las provincias de Santa Fe y Córdoba. De acuerdo con los elementos presentados ante la Justicia, el armado del esquema privatizador se estructuró durante el periodo en el que Mogetta se encontraba al frente de la cartera de Transporte, cargo que ocupó desde el inicio de la actual administración hasta su salida del gabinete nacional.

Un entramado societario bajo la lupa judicial

La investigación busca determinar si el exfuncionario utilizó su posición jerárquica para confeccionar pliegos y condiciones a medida que beneficiaron de manera indirecta a su entorno familiar más cercano. La adjudicación, concretada formalmente meses después de su alejamiento del cargo, recayó sobre un consorcio empresarial en el que participa una firma constructora originaria de Catamarca vinculada directamente a sus hermanos, lo que encendió las alertas sobre posibles conflictos de interés y uso indebido de información reservada.

"El programa fue anunciado, diseñado y estructurado durante la gestión del denunciado, y en ese período se prepararon los pliegos y la convocatoria de su primera etapa", detalla la presentación judicial que ya se encuentra en manos de los tribunales competentes.

A esto se suma el análisis sobre las declaraciones juradas presentadas por el exfuncionario ante la Oficina Anticorrupción, donde se detectaron inconsistencias respecto a la titularidad y valuación de las acciones de la firma familiar involucrada en el consorcio adjudicatario. Los investigadores federales también posaron la mirada sobre posibles derivaciones de fondos públicos nacionales destinados a obras viales en el norte del país durante su gestión, cuyo origen y asignación presupuestaria ahora deberán ser auditados en profundidad por peritos contables.

Impacto político y repercusiones en la agenda legislativa

El avance de esta causa judicial representa un golpe político de magnitud para el oficialismo, que construyó gran parte de su capital electoral sobre el discurso de la transparencia y el combate frontal contra la casta política. La exposición pública de este caso debilita los argumentos discursivos del espacio gobernante en un momento clave de relación con el Parlamento, donde la oposición ya anticipa pedidos de interpelación y nuevos pedidos de informes sobre las privatizaciones de infraestructura vial proyectadas para el resto del año.

En el plano institucional, el expediente no solo salpica a Mogetta, sino que abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno en los ministerios encargados de administrar contrataciones públicas y concesiones de obra por cifras multimillonarias. La continuidad del proceso penal dependerá ahora de las medidas de prueba que ordene el magistrado interviniente, incluyendo la citación de excolaboradores y la revisión de los expedientes administrativos que dieron origen a la privatización de los corredores viales nacionales.