Un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata marcó un punto de inflexión en la prolongada causa judicial que investiga el pasivo ambiental en el Canal Lateral Oeste, situado en las inmediaciones de la Refinería La Plata. La resolución judicial obliga a la petrolera estatal YPF, al Estado Nacional, a Petroquímica Cuyo y a la firma Garovaglio y Zorraquín a presentar un plan integral de recomposición ambiental, una medida largamente reclamada por las organizaciones vecinales de la región.
La sentencia dispuso que las firmas demandadas y los organismos estatales involucrados eleven sus propuestas técnicas en un plazo determinado una vez que el fallo adquiera firmeza absoluta. A su vez, los magistrados revocaron la reparación por daños individuales que había sido fijada en la primera instancia, delimitando el foco del expediente estrictamente a la recomposición y mitigación del daño ecológico colectivo sobre el ecosistema fluvial y ribereño que comparten los partidos de La Plata y Ensenada.
Control universitario y plazos judiciales bajo la lupa
Para garantizar la efectividad de las tareas de saneamiento, el esquema de control diseñado por la Justicia incluye la intervención directa del Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Esta veeduría académica trabajará en conjunto con las carteras ambientales de jurisdicción nacional, provincial y municipal para auditar cada una de las etapas del proyecto de recomposición.
"La participación de la Universidad aporta una instancia técnica indispensable para el control ciudadano y la supervisión rigurosa de las tareas de saneamiento", señalaron fuentes vinculadas al seguimiento de la causa, subrayando la necesidad de que los informes científicos sean de acceso público para la comunidad afectada.
Por su parte, los registros financieros presentados por la compañía petrolera en sus balances recientes reflejan que las firmas codemandadas interpusieron recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar o modificar los alcances de la condena. Mientras el máximo tribunal define el futuro procesal del expediente, la expectativa en la región se centra en la concreción efectiva de las obras y en la fiscalización de los resultados ambientales que deban exhibirse en el territorio.
