El gobierno de Estados Unidos cerró formalmente su expediente vinculado a la investigación por el lanzamiento y posterior colapso del criptoactivo $LIBRA, tras determinar que los elementos probatorios aportados por la justicia argentina resultaron insuficientes para avanzar en una causa penal por fraude. La decisión se conoció a través de una comunicación oficial enviada por la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia al Ministerio de Justicia argentino, documentación que ahora forma parte del expediente que instruye en los tribunales federales de Comodoro Py.

La requisitoria internacional había comenzado a tramitarse meses atrás con el objetivo de acceder a registros de suscriptores para esclarecer las responsabilidades en torno a la criptomoneda impulsada por promotores locales e internacionales, y que contó con difusión en redes sociales por parte del presidente Javier Milei. Sin embargo, desde Washington respondieron de manera negativa tras evaluar las respuestas enviadas desde Buenos Aires en distintas instancias del proceso, señalando que las pruebas no lograban conectar de manera fehaciente a los sujetos investigados con la comisión de un delito penal transnacional.

Las claves de la medida y el impacto en el mercado cripto

La postura oficial norteamericana pone el foco en la naturaleza de los mercados digitales y establece criterios estrictos sobre la responsabilidad de los inversores y las figuras públicas:

  • Riesgo financiero: El Departamento de Justicia remarcó que los inversores en criptomonedas asumen de manera implícita los riesgos propios de adquirir y operar activos especulativos, nuevos y carentes de regulación formal.
  • Criterio sobre redes sociales: La administración estadounidense determinó que una campaña agresiva en plataformas digitales o una publicación viral de un político promoviendo un activo no alcanzan, por sí solas, para configurar una maniobra de inducción al engaño.
  • Cierre de vías judiciales: La resolución en Washington coincidió temporalmente con un fallo dictado por la justicia federal de Nueva York, que desestimó una demanda colectiva impulsada por damnificados bajo el argumento de que no se acreditó un patrón continuado de actividad ilícita.

Con este panorama, la investigación local enfrenta un escenario complejo tras la negativa de asistencia internacional y el archivo de las demandas civiles en el exterior, mientras los distintos actores involucrados evalúan los pasos a seguir en el plano legal y administrativo.