El circuito administrativo y de control de droguerías en el ámbito nacional quedó nuevamente bajo la lupa tras revelarse pormenores del expediente vinculado a la firma Vacunar. Una revisión detallada de la documentación oficial permitió constatar que la empresa completó las declaraciones juradas exigidas por las autoridades sanitarias para operar con sustancias controladas, aunque el legajo digital carece del listado detallado de especialidades medicinales que el propio formulario requería adjuntar ante una respuesta afirmativa.

Los registros oficiales indican que el pasado 30 de mayo, la dirección nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras incorporó al trámite de la firma una declaración específica sobre psicotrópicos y estupefacientes. En dicho formulario, la compañía marcó la opción afirmativa respecto a la comercialización de este tipo de sustancias. Sin embargo, al inspeccionar el expediente digital, se constató que si bien figuraban las firmas y los avales notariales correspondientes, no se halló el listado complementario de productos ni archivos embebidos que respaldaran el detalle de los fármacos comprendidos en esa categoría.

Una inspección física con stock en cero y la incógnita sobre los registros históricos

Meses más tarde, el 4 de noviembre, una inspección presencial en el establecimiento corroboró que la droguería contaba formalmente con la habilitación para operar con vales oficiales de psicotrópicos, aunque el acta dejó constancia de que al momento de la visita el lugar presentaba stock cero. Fuentes vinculadas a la fiscalización sanitaria recordaron que la ausencia física de mercadería en una jornada determinada no invalida la necesidad de contrastar los movimientos previos a través de los libros rubricados de entradas y salidas obligatorios para esta clase de compuestos.

“La legislación exige a las droguerías llevar un registro riguroso de operaciones con sustancias controladas; un resultado de stock cero en una única visita no refleja por sí solo el volumen de transacciones previas ni los destinos de la mercadería”

El trasfondo de estas auditorías coincide temporalmente con un escenario de máxima sensibilidad regulatoria sobre los canales de distribución de medicamentos de alto riesgo. Semanas antes de que se completara el trámite de la droguería, organismos nacionales habían emitido alertas y prohibiciones vinculadas a partidas de fentanilo en el circuito sanitario, lo que puso de relieve la urgencia de extremar los mecanismos de trazabilidad en toda la cadena de intermediación.

Pese a las observaciones documentales detectadas en el transcurso del expediente, el proceso administrativo concluyó a principios de diciembre con la emisión de una nueva disposición que habilitó a la empresa a continuar con sus actividades comerciales por un período de cinco años. La resolución dejó formalmente saneado el trámite, aunque persistieron los interrogantes planteados por distintos sectores respecto a la profundidad de las revisiones históricas sobre los libros de operaciones de sustancias sujetas a fiscalización especial.