La investigación judicial que puso bajo la lupa el préstamo por 57.100 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la administración de Juntos por el Cambio ingresó en su tramo de resolución final. El expediente, que involucra de manera directa al expresidente Mauricio Macri y a los actuales funcionarios nacionales Luis Caputo y Federico Sturzenegger, se encamina hacia el archivo definitivo luego de que el fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, decidiera desistir de la apelación que mantenía viva la discusión en los tribunales.
El movimiento procesal priva al expediente del impulso fiscal necesario para continuar su recorrido por las distintas instancias judiciales federales. La causa se originó para determinar si el endeudamiento contraído en 2018 —que comenzó como un acuerdo stand by por 50.000 millones de dólares y luego se amplió— constituyó un acto administrativo legal o si, por el contrario, se trató de una maniobra orientada a la fuga de capitales y al incumplimiento deliberado de las normativas vigentes en materia de toma de deuda soberana.
Los argumentos técnicos que desestiman la hipótesis delictiva
A lo largo de los últimos años, el recorrido judicial contempló el archivo dictado en primera instancia por la jueza María Eugenia Capuchetti y respaldado posteriormente por los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Sin embargo, la intervención de los fiscales de instancias inferiores mantuvo la controversia abierta mediante sucesivos recursos hasta llegar a la Cámara Federal de Casación Penal, donde ahora los magistrados Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos deberán expedirse sobre el cierre formal.
Al fundamentar su decisión de no sostener el recurso interpuesto por sus colegas, el fiscal Pleé cuestionó la solidez de las pruebas presentadas para sostener la acusación. Según el dictamen fiscal, las hipótesis sostenidas por la querella y las fiscalías precedentes carecían de una correlación lógica con las constancias acumuladas en el expediente tras cinco años de instrucción y producción de medidas probatorias.
En su análisis sobre la aplicación de los fondos y la legalidad del procedimiento, el funcionario judicial remarcó que las objeciones se apoyaban fundamentalmente en cuestionamientos de índole política sobre la oportunidad y conveniencia de la medida económica, más que en infracciones penales tipificadas. En esa línea, desestimó la validez absoluta del informe elaborado por la Auditoría General de la Nación, al recordar que el documento carecía de unanimidad y presentaba objeciones metodológicas profundas por parte de la mitad de sus integrantes.
Asimismo, el dictamen valoró la existencia de auditorías y revisiones periódicas llevadas adelante por el propio organismo multilateral durante la ejecución de los desembolsos, un factor que para la magistratura original demostró la supervisión constante sobre el programa financiero sin que se registraran alertas tempranas de ilicitud en los mecanismos de transferencia.
"Sin diligencias probatorias pendientes de producción, independientemente de cualquier construcción teórica, la hipótesis de los fiscales recurrentes se revela equivocada y amerita el desistimiento de la vía intentada en resguardo de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad", sostuvo el fiscal Raúl Pleé en su resolución.
Con la formalización del desistimiento fiscal, la resolución del caso queda en manos de la sala integrada por Borinsky, Carbajo y Hornos, quienes deberán dictar la clausura definitiva de un expediente que marcó la agenda política y económica de los últimos años en la discusión sobre el endeudamiento externo del país.
