El frente judicial y político del oficialismo atraviesa horas de máxima tensión a partir de una serie de expedientes que se tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py. Por un lado, la situación procesal del exvocero presidencial Manuel Adorni continúa bajo estricto análisis de los investigadores, quienes intentan determinar el origen patrimonial de fondos que permanecían sin declarar. Por otro lado, una nueva denuncia presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas coloca bajo la lupa a la Secretaría de Energía por la habilitación a una firma vinculada a operaciones hidrocarburíferas en el Atlántico Sur.

En el expediente que involucra a Adorni, las medidas de prueba avanzaron en las últimas horas en la sede de la Fiscalía Federal número 11, a cargo de Gerardo Pollicita. Allí se llevó adelante una verificación criptográfica con el propósito de comprobar la titularidad y administración de distintas billeteras virtuales. Si bien la defensa logró acreditar el acceso técnico a los dispositivos y la capacidad de generar firmas válidas, los peritos advierten que demostrar el dominio actual de las cuentas no convalida de manera automática la autoría histórica de esos movimientos financieros durante el período comprendido entre 2014 y 2018.

“¿Existe alguna herramienta técnica que permita establecer que quien posee las claves hoy en día no es la misma persona que controló las direcciones entre los años 2014 y 2018? En ese sentido, ¿existe alguna forma de saber desde qué momento se entró en posesión de las claves?”, cuestiona el pliego elevado por la fiscalía a los especialistas del Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal.

El interrogante central de los investigadores apunta a dilucidar cómo se conformó el patrimonio del exfuncionario en los años previos a su desembarco en la gestión pública. Las medidas ordenadas buscan trazar el recorrido de decenas de transacciones distribuidas en múltiples direcciones digitales, un rastro que mantiene activas las sospechas en los estrados judiciales a pesar de los intentos defensivos por esclarecer el origen del dinero.

La sombra de Malvinas en la política energética

En paralelo, la administración nacional enfrenta complicaciones en el fuero federal a raíz de una presentación impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que apunta directamente contra la cúpula de la Secretaría de Energía. La denuncia cuestiona la habilitación y los beneficios normativos otorgados a una compañía petrolera que arrastraba sanciones formales desde el año 2013 por haber operado sin autorización gubernamental en el área de las islas Malvinas.

El arco opositor, encabezado en esta instancia por cuestionamientos legislativos, remarcó que la normativa vigente prohíbe de manera expresa la participación o el beneficio estatal a empresas que registren inhabilitaciones por actividades hidrocarburíferas en la zona en disputa. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, y contempla la posible comisión de delitos vinculados al abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y las negociaciones incompatibles con la función.