El funcionamiento de los poderes legislativos provinciales en la Argentina demanda una inversión conjunta de 1,83 billones de pesos, una cifra que expone las marcadas asimetrías federales en materia de gasto político e institucional. Al cruzar los presupuestos destinados a las cámaras de diputados y senadores de los veinticuatro distritos con el total de sus 1.199 representantes, el costo promedio de cada banca asciende a 1.531 millones de pesos anuales, lo que equivale a unos 128 millones de pesos mensuales por cada escaño.

El informe elaborado a partir de las cuentas públicas detalla que el peso relativo de las legislaturas representa en promedio el 1,15 por ciento de los presupuestos provinciales totales. Sin embargo, detrás de ese indicador general conviven realidades disímiles. Tucumán se posiciona como la jurisdicción con mayor incidencia presupuestaria para su parlamento, destinando el 3,66 por ciento de sus recursos a ese fin, seguida por Catamarca con el 2,64 por ciento y Chaco con el 2,22 por ciento. En la vereda opuesta, el costo por banca exhibe una brecha de más de veinte veces entre los distritos más onerosos y los más austeros.

La estructura de personal y el peso de los asesores

Uno de los ejes centrales que explican el volumen de los recursos asignados no radica exclusivamente en las dietas de los legisladores, sino en el sostenimiento de las estructuras administrativas y de asesoramiento. De acuerdo con los datos disponibles en las jurisdicciones, el gasto en personal absorbe en promedio el 84 por ciento del presupuesto legislativo total. Dicho rubro engloba tanto a los parlamentarios como a la planta de secretarios, asesores y trabajadores de planta permanente y temporaria.

Las proporciones más elevadas en materia de gasto laboral se registran en Río Negro, donde trepa al 95 por ciento, y en Formosa, Mendoza y Santa Cruz, con registros que rondan o alcanzan el 94 por ciento. En cuanto a la relación numérica entre empleados y representantes, el relevamiento marca un promedio de 27 trabajadores por cada legislador en el conjunto de las provincias con información oficial.

Las disparidades en este punto vuelven a ser notorias al contrastar los extremos del mapa nacional. Corrientes lidera el indicador con una densidad de 72 empleados por cada representante, escoltada de cerca por Chaco con 70 y Formosa con 62. En contraste, distritos como San Luis registran un promedio de apenas dos empleados por banca, Santiago del Estero contabiliza cinco y Córdoba se ubica en ocho agentes por cada escaño.

La comparación interjurisdiccional también refleja particularidades en el volumen de los cuerpos deliberativos. Mientras la provincia de Buenos Aires concentra una estructura de 138 legisladores, y otros distritos como Mendoza, Salta y Córdoba operan con más de setenta bancas, jurisdicciones como Tierra del Fuego o Santa Cruz operan con cuerpos reducidos de 15 y 24 representantes respectivamente, condicionando el indicador final de erogación por habitante y por representante en cada distrito.