La decisión judicial que derivó en la asignación provisoria de veintiséis vehículos de alta gama, entre los que destaca una Ferrari California tasada en cifras millonarias, reinstaló en la agenda pública una discusión que combina aspectos jurídicos, económicos y de logística operativa. La medida adoptada en el fuero federal traslada al ámbito del Estado la custodia y utilización de bienes que formalmente siguen perteneciendo a los imputados en causas por presunta evasión y lavado de dinero. Lejos de constituir un beneficio indiscutible para las administraciones públicas, esta práctica arrastra un historial de complicaciones financieras, costos de mantenimiento desproporcionados y riesgos materiales que ya demostraron su inviabilidad en el territorio bonaerense.
La normativa vigente habilita el uso provisional de estos rodados, pero impone una condición ineludible: si la Justicia determina eventualmente el sobreseimiento o el origen lícito de los bienes, el Estado tiene la obligación legal de restituirlos en las mismas condiciones en las que los recibió. Este mandato jurídico convierte cada kilómetro recorrido en un pasivo potencial. Los gastos asociados a seguros contra todo riesgo, servicios mecánicos especializados, adquisición de neumáticos específicos y combustible multiplican exponencialmente el presupuesto necesario para su sostenimiento, muy por encima de los parámetros correspondientes a cualquier flota convencional destinada a tareas de seguridad.
Un espejo del pasado que anticipa los riesgos actuales
Para comprender la magnitud del problema basta con revisar la experiencia vivida años atrás en las rutas de la Provincia de Buenos Aires, cuando el Ministerio de Seguridad incorporó automóviles deportivos incautados a bandas delictivas para patrullar las autopistas del distrito. Aquella iniciativa, celebrada en su momento como un golpe efectista contra el delito, derivó en pocas semanas en una seguidilla de siniestros viales. Un Peugeot RCZ y un Audi TT terminaron con daños severos tras ser alcanzados por colisiones ajenas a la responsabilidad de los conductores policiales, evidenciando la fragilidad estructural de estos rodados frente a las exigencias operativas cotidianas.
Aquel episodio no concluyó en los talleres mecánicos. Años después, tras dictaminarse que los vehículos no constituían instrumentos directos de ilícitos probados, la Justicia ordenó su restitución formal. El Estado debió afrontar un escenario complejo: vehículos fuera de servicio, depreciados y con dificultades logísticas para cumplir con la manda judicial, habiendo asumido durante todo el período los costos de su custodia sin obtener una utilidad real para la prevención del delito. La desproporción entre el valor patrimonial de una Ferrari y la funcionalidad operativa necesaria para el traslado de efectivos o detenidos refuerza la paradoja de utilizar activos de lujo en tareas de patrullaje urbano o rutero.
Mientras se debate el destino definitivo de los rodados vinculados a las recientes investigaciones financieras, la comparación presupuestaria resulta elocuente. Los recursos económicos que demanda el mantenimiento preventivo y correctivo de un solo deportivo de alta gama equivalen holgadamente a la adquisición de múltiples unidades móviles cero kilómetro completamente equipadas para las fuerzas de seguridad. La experiencia acumulada demuestra que, en materia de administración de bienes cautelares, la tentación estética suele subordinar a la eficiencia económica, dejando al descubierto una estructura estatal que asume riesgos innecesarios sobre bienes que, en los papeles, jamás le pertenecieron.
