Un desvío millonario de fondos públicos y las persistentes debilidades tecnológicas en los sistemas de control administrativo volvieron a colocar a la administración provincial mendocina en el centro de la escena política. Un fallo reciente del Tribunal de Cuentas dejó al descubierto que, a pesar de las denuncias penales y las promesas de saneamiento, los mecanismos de supervisión en las herramientas de promoción laboral continúan mostrando vulnerabilidades operativas que facilitan maniobras fraudulentas.

El expediente judicial, que investiga un perjuicio estimado en 27.222.400 pesos, apunta directamente a exempleados que habrían utilizado accesos internos para simular relaciones laborales ficticias, cobrar los beneficios estatales y posteriormente borrar los rastros en las bases de datos. Sin embargo, más allá de la responsabilidad penal de los imputados, el debate político se enfoca en la capacidad real del gabinete provincial para resguardar los recursos del Estado y garantizar trazabilidad en las erogaciones.

Vulnerabilidades informáticas y responsabilidades políticas

Las auditorías contables practicadas sobre el sistema de gestión revelaron que los operadores contaban con perfiles de acceso excesivamente amplios, incluyendo habilitaciones generalizadas como administradores que diluían las responsabilidades individuales. Asimismo, los peritos técnicos advirtieron la ausencia de un registro de actividades fiable que permitiera reconstruir el historial de operaciones de cada usuario dentro de las plataformas digitales del ministerio de Producción.

La asignación generalizada de perfiles y la falta de trazabilidad en los registros informáticos transforman a los sistemas de control en herramientas sumamente frágiles frente a maniobras internas, advirtieron desde los organismos técnicos de fiscalización.

Mientras la causa penal avanza hacia su definición en los tribunales ordinarios con medidas cautelares sobre los acusados, la discusión legislativa e institucional exige respuestas concretas sobre la restitución de los fondos desviados y la efectividad de las correcciones tecnológicas implementadas. La tensión entre la denuncia judicial y la prevención administrativa sigue abierta en el escenario político regional.