Una causa penal por más de veintisiete millones de pesos y una serie de auditorías que evidenciaron persistentes fallas informáticas colocaron a la administración del gobernador Alfredo Cornejo en el centro de los cuestionamientos por los mecanismos de control en los programas de empleo. El expediente, que combina un fraude detectado desde adentro de la propia estructura estatal y observaciones técnicas sobre la seguridad digital, vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad de supervisión sobre los fondos públicos destinados a la asistencia laboral.
El eje de la controversia gira en torno al fideicomiso que financia el programa Enlazados, una herramienta de promoción dependiente del ministerio de Producción y de la subsecretaría de Empleo y Capacitación. Si bien la denuncia judicial fue radicada por el propio Ejecutivo provincial tras constatar irregularidades, los informes de auditoría expusieron vulnerabilidades estructurales que facilitaron el accionar de los acusados. La maniobra, investigada por la Justicia, consistió en la creación de vínculos laborales ficticios para percibir los beneficios económicos y la posterior eliminación de los registros para borrar todo rastro del fraude.
Vulnerabilidades técnicas y responsabilidades políticas
Las revisiones contables ordenadas tras el escándalo detectaron fallas críticas en los permisos de usuario, la ausencia de registros de actividad y la falta de integración automática entre las plataformas de gestión. Pese a los intentos de corrección por parte de las áreas técnicas, los informes posteriores advirtieron que subsistían perfiles estáticos y una asignación generalizada de privilegios administrativos que diluían las responsabilidades operativas.
«La denuncia contra dos exempleados fue un paso necesario; garantizar que el circuito de subsidios proteja los fondos públicos sigue siendo una obligación de quienes conducen el programa», señalaron fuentes vinculadas al análisis de las cuentas públicas provinciales, advirtiendo sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de veeduría institucional.
Mientras la causa penal avanza hacia su definición en los tribunales con imputaciones por defraudación y embargos preventivos sobre los sospechosos, el debate político se traslada a la efectividad de los resguardos estatales. La exigencia sobre la gestión provincial radica en transparentar la corrección definitiva de los sistemas informáticos y asegurar el recupero de los recursos desviados, en un escenario donde la eficiencia administrativa es monitoreada de cerca por los organismos de control.
