El temor inicial ante lo desconocido se transformó rápidamente en el umbral de una experiencia traumática que hoy acumula múltiples presentaciones judiciales en el norte del país. El caso comenzó a tomar forma cuando Karla Herran decidió dar el paso y formalizar su testimonio, convirtiéndose en la primera de siete mujeres que, en el transcurso de apenas diez días, decidieron acudir a la justicia para denunciar al ginecólogo Gustavo Kumiega en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Las acusaciones no solo apuntan contra la calidad de las atenciones médicas recibidas tanto en el consultorio particular como en otro domicilio vinculado al profesional, sino que suman cargos de extrema gravedad por presuntos abusos sexuales, maniobras desprovistas de sustento científico y la entrega de recetas con fármacos vencidos o inadecuados para los diagnósticos declarados.

El expediente judicial se nutre de capturas de pantalla, registros fotográficos y material audiovisual de contenido explícito que las pacientes adjudican directamente al médico imputado. Según la reconstrucción de los hechos, el modus operandi comenzaba a desplegarse desde el primer momento en que las pacientes ingresaban al gabinete, donde la conversación médica habitual quedaba relegada para dar paso a valoraciones invasivas sobre la apariencia física, comentarios de índole estrictamente personal y sugerencias sobre la vida afectiva y sexual de las mujeres que acudían en busca de asesoramiento profesional. La falta de experiencia previa de algunas de las víctimas en este tipo de controles médicos operó como un factor de vulnerabilidad que el profesional habría aprovechado para desdibujar los límites del consentimiento y de la práctica sanitaria convencional.

El avance de la causa y el reclamo por medidas cautelares

A medida que la investigación avanzó y el caso trascendió las fronteras de la provincia, el impacto mediático propició la aparición de nuevos testimonios de mujeres que aseguran haber atravesado situaciones similares con el mismo profesional en años anteriores, extendiendo la línea temporal de los presuntos episodios hasta principios de la década pasada. Sin embargo, el malestar principal de las denunciantes se centra en la aparente pasibilidad del sistema judicial frente a la gravedad de los señalamientos, ya que el acusado permanece en libertad mientras las víctimas advierten sobre los riesgos latentes de entorpecimiento probatorio o la alteración de elementos de interés para la causa. La defensa de los derechos de las pacientes y la revisión de los protocolos de actuación en la salud pública y privada vuelven a colocarse en el centro de una discusión ineludible sobre la protección integral de las personas frente al ejercicio abusivo del poder médico.