El ámbito legislativo del municipio bonaerense de San Isidro quedó en el centro de la escena pública luego de que una trabajadora de planta permanente formalizara una grave acusación por acoso sexual, hostigamiento laboral y abuso de poder. La denuncia expone no solo el accionar de un exdirigente con peso político en la región, sino también el presunto encubrimiento o la falta de respuesta institucional por parte de las máximas autoridades ejecutivas de la comuna a lo largo de sucesivas administraciones.
El caso salió a la luz cuando la denunciante, identificada como jefa de Departamento con una trayectoria de catorce años en la administración pública local, relató los pormenores de la situación vivida en las dependencias legislativas. Según su testimonio público, los hostigamientos fueron sistemáticos y se prolongaron en el tiempo, teniendo como principal señalado a un exconcejal que supo ocupar lugares de relevancia en la estructura de poder del distrito. La gravedad de los señalamientos radica en que la damnificada aseguró haber puesto al tanto de la situación tanto al exintendente de la fuerza tradicional que gobernó el partido durante décadas como al actual jefe comunal, sin que ninguna de las gestiones tomara medidas efectivas para apartar al acusado o garantizar su integridad laboral.
La sombra del poder y la vulnerabilidad laboral en el Estado
El episodio pone sobre el tapete las complejidades y los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores estatales al momento de reportar situaciones de violencia de género o abuso de autoridad en ámbitos jerárquicos cerrados. La asimetría de poder dentro de los cuerpos deliberativos municipales suele dificultar que las víctimas encuentren canales seguros de contención y denuncia, especialmente cuando los señalados cuentan con padrinazgos políticos o relaciones estrechas con la conducción partidaria. En este escenario, la exposición pública se convierte muchas veces en el último recurso ante la ausencia de respuestas administrativas en los sumarios internos.
Mientras se multiplican las reacciones en el arco político provincial ante la viralización del caso y la difusión de registros audiovisuales con el testimonio de la empleada, la atención se concentra en los pasos que darán la justicia ordinaria y los bloques legislativos del distrito. Las organizaciones sociales y colectivos de género reclaman una investigación transparente que deslinde responsabilidades tanto en el plano individual del acusado como en el plano institucional de aquellos funcionarios que habrían optado por el silencio frente a una denuncia de semejante gravedad.
