Un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación puso bajo la lupa el funcionamiento del Plan Argentina Hace, uno de los programas insignia de infraestructura ejecutados durante la administración nacional anterior. El relevamiento oficial detectó una serie de deficiencias estructurales en los mecanismos de control, seguimiento, contratación y rendición de fondos que involucran a las transferencias realizadas a gobiernos locales entre 2020 y 2022, período en el cual la cartera de Obras Públicas era conducida por Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. El documento oficial examinó una muestra representativa de cincuenta y siete proyectos distribuidos en treinta y cuatro municipios de catorce provincias, con el propósito de evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en la ejecución de trabajos comunitarios y de urbanización.
Entre los datos más sobresalientes del análisis financiero y administrativo surge que una abrumadora mayoría de los proyectos carecía de cierre formal documentado al momento de la fiscalización. Sobre el total de la muestra analizada, apenas una fracción minoritaria contaba con el acta de recepción definitiva, mientras que una gran cantidad acumulaba más de un año desde la recepción provisoria sin haber completado el trámite administrativo final. Esta situación, según advirtió el organismo auditor, genera un vacío que dificulta determinar responsabilidades sobre el mantenimiento futuro de la infraestructura y compromete la conservación de los bienes construidos con recursos del Estado nacional. Asimismo, el informe documentó que en casi un tercio de los casos relevados se registraron incumplimientos vinculados con los procedimientos de reintegro y rendición de dinero, frente a los cuales la autoridad de aplicación omitió accionar según los protocolos establecidos.
Inconsistencias técnicas y fallas en la trazabilidad presupuestaria
El trabajo de auditoría también profundizó en las plataformas informáticas utilizadas para el registro de los avances físicos y financieros, señalando que las bases de datos oficiales presentaban problemas recurrentes de consistencia e integridad en un porcentaje significativo de las obras. A esto se sumó la detección de anomalías en la identificación de las cuentas bancarias destinadas a recibir los fondos específicos, un factor que atenta directamente contra la trazabilidad del dinero público y entorpece las tareas de fiscalización posterior. En paralelo, el organismo cuestionó la arquitectura contractual diseñada para instrumentar las transferencias, al constatar que una porción de los convenios se firmó sin incluir un cronograma detallado de desembolsos, herramienta clave para garantizar previsibilidad y coordinar el envío de recursos con el grado real de avance de los trabajos en el terreno.
Más allá de las observaciones administrativas, el informe puntualizó casos específicos en distintos puntos del país, como demoras injustificadas en el inicio de polideportivos municipales y modificaciones en las modalidades de contratación de obras de alumbrado público que se ejecutaron sin el aval técnico previo de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Si bien la auditoría no formula acusaciones sobre supuestas apropiaciones indebidas de recursos ni tipifica delitos penales, el documento dibuja un escenario complejo donde la debilidad de los mecanismos de control interno impidió un seguimiento eficaz de las inversiones. De este modo, la revisión técnica de los expedientes vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de optimizar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de políticas públicas descentralizadas hacia los distritos provinciales y comunales.
