El impacto de las modificaciones normativas sobre el mercado de trabajo formal acumula cifras negativas que superan las proyecciones iniciales trazadas por el Ejecutivo nacional. De acuerdo con el primer Monitor de la Reforma Laboral elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG), la vigencia del nuevo esquema normativo coincidió con la destrucción de 36.000 puestos de trabajo formales y el cierre definitivo de 6.905 empresas en todo el país durante los últimos cuatro meses.

El documento oficializado por la entidad analiza el trasfondo de las medidas aprobadas en el Congreso y contrasta los argumentos oficiales, centrados en la supuesta promoción de contrataciones y la reactivación del sector empresario, con los datos concretos que arrojan los registros oficiales de la seguridad social y las encuestas permanentes de hogares. Según el diagnóstico sectorial, el proceso de contracción económica profundizó una tendencia previa que ya acumulaba trece meses consecutivos de caída en la dotación de personal del sector privado.

Salarios reales a la baja y sectores en retracción

Desde la perspectiva de los analistas económicos que participaron del relevamiento, el incremento en los plazos de los períodos de prueba y la flexibilización de las jornadas mediante modalidades como el banco de horas no cumplieron con la función dinamizadora esperada por las cámaras empresarias.

"El aumento de los meses de prueba y el banco de horas no parecen haber sido suficiente incentivo para que el sector privado contrate bajo este nuevo esquema legal"
, indicaron desde el instituto al evaluar la escasa rotación positiva en las altas de contratación, cuya tasa de ingreso al mercado formal se redujo a un piso histórico del 1,6 por ciento sobre el total de ocupados.

En paralelo al desplome de las unidades productivas, que ya suman más de 31.000 cierres desde el cambio de gestión en noviembre de 2023, la pérdida de poder adquisitivo continuó erosionando los ingresos de los hogares. El informe detalla que los salarios del sector privado registrado exhiben un retrocentaje real del 3,7 por ciento en comparación con el período previo, una merma que se amplía hasta el 8 por ciento si se computa la evolución real de la inflación acumulada. Por su parte, la situación de los trabajadores estatales muestra un deterioro aún más pronunciado, con una caída real que roza el 38 por ciento en términos interanuales.

Como contrapartida directa de la contracción en el mercado formal, los indicadores de precariedad laboral experimentaron un salto significativo. La tasa de desocupación se ubicó en el 7,9 por ciento, la subocupación trepó al 11,5 por ciento y la informalidad laboral alcanzó un máximo histórico al trepar al 45 por ciento del total de ocupados, un segmento que ya agrupa a más de 6 millones de personas en todo el territorio argentino, impulsadas fundamentalmente por la expansión del cuentapropismo de subsistencia.