La visibilización mediática de conflictos familiares expone con crudeza las fallas estructurales del sistema de protección a la infancia y ratifica la urgencia de revisar las herramientas institucionales vigentes. El debate sobre la violencia intrafamiliar volvió al centro de la agenda pública a partir de denuncias resonantes que ponen la lupa no solo sobre las agresiones directas, sino también sobre la lentitud de la respuesta judicial y el desfinanciamiento de las áreas encargadas de velar por los derechos de los menores de edad. En este escenario, referentes en la materia advierten que las situaciones de vulnerabilidad se encuentran desatendidas y que el entramado estatal muestra serias dificultades para contener el maltrato psicológico, físico y digital que padecen niños y adolescentes.
El impacto del maltrato silencioso y la erosión institucional
Uno de los principales desafíos que enfrentan los operadores sociales y judiciales radica en la detección temprana del maltrato psicológico y las agresiones de índole digital, tales como el grooming o la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial en el ámbito escolar. A diferencia de las agresiones físicas evidentes, la violencia psicológica opera de manera subterránea, dificultando que el entorno cercano perciba el sufrimiento de la víctima. Esta problemática se cruza con un retroceso en las políticas públicas de prevención y con la acefalía prolongada en espacios clave como la Defensoría del Niño, una estructura fundamental que continúa funcionando pero carece de la conducción formal necesaria para incidir con peso propio en las decisiones del Estado.
La judicialización de los conflictos familiares suele demorar años y, en muchos casos, culmina en el archivo de las actuaciones debido al desgaste emocional de las víctimas o a la exigencia de sostener revinculaciones forzadas con progenitores violentos. Especialistas en derechos de la infancia señalan que persiste una concepción judicial de matriz patriarcal que prioriza el vínculo biológico por sobre el bienestar integral del menor, desatendiendo la premisa de que existen adultos que no cuentan con las capacidades emocionales para ejercer una crianza saludable y respetuosa.
El rol de la ESI y la manipulación de los menores en disputas
Frente a este panorama de desprotección, la implementación de herramientas pedagógicas específicas es señalada como un dique de contención indispensable. La Educación Sexual Integral ha demostrado ser históricamente el espacio donde miles de niños logran verbalizar abusos y situaciones de violencia naturalizadas en el ámbito doméstico. Por este motivo, los intentos de sectores políticos por deslegitimar estos contenidos bajo el argumento de una supuesta sexualización temprana son catalogados como un obstáculo gravísimo para la detección de delitos contra la integridad de los menores.
Otro de los ejes críticos del debate contemporáneo gira en torno al fenómeno de la violencia vicaria, donde los hijos son instrumentalizados como rehenes en disputas de pareja. La resistencia a aprobar normativas específicas que tipifiquen y sancionen esta modalidad de agresión se combina con discursos que agitan la existencia masiva de denuncias falsas, un relato que termina por desproteger a las madres protectoras y revictimizar a los menores. La restitución de una perspectiva centrada estrictamente en los derechos de la infancia, por encima de los intereses de los adultos y de las disputas por la patria potestad, continúa pendiente en la agenda legislativa y judicial.
