La rutina escolar en la Escuela Primaria N° 120 de La Plata quedó interrumpida de manera abrupta luego de que se registrara el desprendimiento de una sección del cielorraso en las instalaciones ubicadas sobre la calle 17, entre 36 y 37. El impacto del material desprendido golpeó directamente a la directora del establecimiento, quien debió ser asistida por el personal debido a las lesiones sufridas. El episodio no solo encendió las alarmas institucionales por la integridad física de quienes transitan a diario el edificio, sino que sacó a la superficie una serie de reclamos acumulados que la comunidad educativa venía elevando sin éxito ante las oficinas del Consejo Escolar.
El incidente materializó el peor escenario que los padres y tutores preveían desde hacía más de dos años. Según precisaron las familias, la falta de mantenimiento preventivo y los evidentes signos de deterioro en la estructura del inmueble fueron notificados en reiteradas oportunidades a las áreas de infraestructura y a la presidencia del organismo educativo a cargo de Iván Maidana. Sin embargo, las advertencias sobre filtraciones, humedad y la debilidad en los techos no derivaron en obras de reparación profunda, sino en promesas que se diluyeron con el correr de los meses hasta culminar en el derrumbe que dejó a la máxima autoridad del colegio herida.
Una comunidad educativa al límite y con clases fragmentadas
Como consecuencia directa del colapso estructural, cuatro espacios fundamentales para el funcionamiento diario quedaron inhabilitados, incluyendo la propia dirección y tres salones destinados al dictado de materias. Esta reducción abrupta en la capacidad operativa del edificio obligó a las autoridades a diagramar un esquema de emergencia pedagógica. Durante las últimas jornadas, la presencialidad debió alternarse por ciclos: los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado asistieron en turnos específicos, mientras que los cursos iniciales hicieron lo propio de manera fragmentada, complementando el ciclo lectivo con tareas enviadas a los hogares para mitigar la pérdida de días de clase.
A la gravedad de la caída del techo se suma un cuadro de precariedad generalizada en los servicios básicos del establecimiento. Días antes del colapso, el personal auxiliar había formalizado presentaciones internas para dejar constancia de que carecen de suministro regular de agua potable, una falencia operativa que los obliga a realizar grandes esfuerzos diarios para acarrear líquido destinado a la preparación de las raciones de leche para los chicos. Para las familias, la respuesta institucional llega tarde y expone una cadena de responsabilidades administrativas que prioriza la reacción ante la catástrofe por sobre la prevención cotidiana en los establecimientos públicos de la región.
