El Estado nacional ratificó una de las decisiones económicas y de infraestructura más relevantes de los últimos años al formalizar la extensión de la concesión del sistema aeroportuario a favor del holding liderado por el empresario Eduardo Eurnekian. La medida, oficializada mediante una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial, asegura la operación de 35 terminales aéreas en todo el territorio argentino hasta el año 2049, con una potencial prórroga adicional que podría estirar el vínculo hasta 2056. El acuerdo contempla el compromiso por parte de la empresa concesionaria de ejecutar un plan de inversiones estimado en unos 600 millones de dólares destinado a modernizar la infraestructura y ampliar la capacidad operativa de las estaciones más críticas del país.

Esta rúbrica se concreta a pesar de las objeciones formales planteadas desde distintos organismos de control del Estado. Meses atrás, un extenso informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) había puesto el foco sobre las condiciones de prórrogas anteriores y los antecedentes contractuales heredados de gestiones pasadas, señalando desvíos en los procedimientos administrativos habituales. El organismo de control cuestionó que la extensión inicial firmada en el año 2020, originalmente justificada bajo el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, se hubiera otorgado sin cumplimentar rigurosamente los pasos técnicos exigidos por el marco regulatorio vigente, omitiendo dictámenes jurídicos específicos y generando zonas grises en los planes de obras comprometidos oportunamente.

Un entramado de contratos, polémicas y antecedentes institucionales

El trasfondo de la negociación estuvo cruzado por tensiones burocráticas y episodios que sacudieron la dinámica institucional de los entes reguladores. Entre los cuestionamientos más delicados figuraban las actuaciones del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cuya cúpula quedó en el centro de la escena política tras movimientos administrativos que intentaron allanar el camino hacia concesiones de muy largo plazo. Informes técnicos previos habían advertido que, si bien la actividad aeronáutica sufrió un desplome histórico durante los primeros meses del aislamiento global, los balances del sector ya evidenciaban un repunte sostenido en la segunda mitad del año posterior, un argumento que utilizaron los auditores para cuestionar la validez de los plazos extraordinarios concedidos en su momento.

A estas controversias técnicas se sumó el debate público en torno a los vínculos históricos entre el actual oficialismo y el conglomerado beneficiado. Analistas y sectores políticos habían puesto de relieve el pasado laboral del actual presidente Javier Milei, quien se desempeñó durante más de una década como economista jefe y asesor financiero dentro de las empresas del grupo empresario antes de acceder a la primera magistratura. Con la firma de esta nueva prórroga, el conglomerado consolida su posición dominante en la administración de la logística aeroportuaria nacional, un mercado estratégico que concentra la gran mayoría del tráfico de pasajeros y cargas de cabotaje e internacional, disipando las dudas que se habían cernido sobre la continuidad del esquema contractual durante los últimos meses de revisión administrativa.