La cúpula de la Unión Cívica Radical (UCR) concretó una fuerte demostración política en el interior bonaerense al anunciar la presentación de un recurso de amparo judicial para exigir la reactivación de las obras en la Ruta Nacional 5. La medida, anunciada durante una convocatoria realizada en el distrito de 9 de Julio, reunió a las conducciones nacional y provincial del espacio, además de jefes comunales y legisladores que advirtieron sobre el deterioro crónico del corredor y el impacto directo que esto genera en la seguridad vial de miles de usuarios cotidianos.
El reclamo expuesto a la vera de la traza federal puso el foco en las estadísticas de siniestralidad acumuladas durante la última década y en la falta de respuestas por parte del Estado nacional. Según los datos difundidos por las autoridades partidarias, entre los años 2013 y 2022 se registraron más de cuatrocientos siniestros fatales que cobraron más de quinientas vidas, una tendencia trágica que se mantiene vigente con decenas de muertes contabilizadas en los períodos recientes. Desde la conducción radical remarcaron que estas cifras configuran una crisis evitable que requiere la intervención urgente de la justicia para fijar obligaciones y plazos precisos a las autoridades competentes.
Un corredor productivo colapsado ante la falta de inversión estatal
El trasfondo de la disputa legal se enmarca en un escenario de tensión económica y financiera respecto al destino de la obra pública en el país. Tras las reuniones mantenidas por empresarios regionales con funcionarios de Vialidad Nacional, el oficialismo ratificó su postura de prescindir de los fondos públicos para financiar infraestructura de gran escala, condicionando la ejecución de los proyectos a la llegada de capitales privados. Esta decisión paralizó los tramos pendientes de la autovía, generando un cuello de botella logístico en una traza que experimentó un incremento exponencial en el tránsito pesado durante los últimos años.
Durante el encuentro en el noroeste bonaerense, referentes territoriales y legisladores enfatizaron que la infraestructura actual responde a un diseño técnico pergeñado a principios de la década del sesenta, totalmente incompatible con las exigencias del transporte moderno y la circulación de cargas vinculadas al desarrollo energético de Vaca Muerta. El incremento sostenido en la circulación de camiones en municipios como Trenque Lauquen y el propio 9 de Julio aceleró el desgaste de la calzada, transformando el trayecto en un riesgo latente para la producción regional. Con el amparo judicial ya en marcha, la dirigencia opositora busca sortear el freno administrativo y forzar una reorientación en las políticas de mantenimiento vial, en un debate que cruza la gestión actual con las omisiones de administraciones anteriores en materia de infraestructura estratégica.
