El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) vuelve a colocar en el centro del debate la discusión sobre la administración de los recursos estratégicos y la prestación de servicios públicos esenciales. Las advertencias sobre las consecuencias de transferir la compañía a manos privadas reavivan las preocupaciones en torno al acceso al agua potable y al saneamiento cloacal para millones de habitantes del conurbano bonaerense y la región metropolitana, un sector poblacional altamente sensible ante cualquier modificación en las tarifas o en los controles de calidad.

Las críticas apuntan no sólo a la decisión de desprenderse de la empresa, sino también a la modificación del marco regulatorio instrumentada por vía reglamentaria. Esta normativa habilita la concesión por un plazo prolongado de tres décadas y flexibiliza los mecanismos de control sobre la potabilidad del agua, además de contemplar la habilitación de cortes en el suministro ante la falta de pago por parte de los usuarios. Para los especialistas en infraestructura sanitaria, estas medidas configuran un escenario de vulnerabilidad para los sectores de menores ingresos, profundizando las brechas de desigualdad social en un contexto económico recesivo.

Un retroceso con antecedentes en los años noventa

El debate actual sobre el futuro de la empresa sanitaria remite de manera directa a los procesos de desregulación y transferencia de activos estatales ocurridos hacia finales del siglo pasado. Durante aquella experiencia de concesión privada, los resultados operativos estuvieron marcados por la postergación de inversiones en redes troncales de expansión y por controversias en torno a la rentabilidad de las operadoras privadas en detrimento de la universalización del servicio. La disolución reciente de organismos técnicos de control y la paralización de la obra pública destinada a infraestructura hídrica profundizan el temor a una repetición de aquellos déficits estructurales.

"Esto ya lo hemos vivido en la década del noventa, hecho que nos hizo retroceder en servicios de agua y cloaca", advierten sectores técnicos universitarios al cuestionar la lógica detrás de la venta de una compañía que registraba balances con ganancias netas antes de su actual intervención.

La discusión económica también contempla el monto estimado que el Estado pretende recaudar mediante la operación de venta, calificado por diversos analistas y técnicos como exiguo en relación con el valor patrimonial y estratégico de la compañía. Lejos de representar un alivio fiscal significativo para las cuentas públicas, la transferencia del servicio sanitario a un operador privado traslada la potestad de fijar tarifas a criterios estrictamente comerciales, desatendiendo el carácter de derecho humano esencial que reviste el acceso al agua potable y al saneamiento ambiental en los centros urbanos densamente poblados de la región.