La administración central concretó uno de los movimientos más relevantes dentro del plan de transferencia de empresas públicas al adjudicar el noventa por ciento de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos al consorcio privado encabezado por la firma de ingeniería Rowing S.A. La operación, que se cerró tras un proceso de licitación pública, contempla la entrega de la concesión operativa por los próximos treinta años, con una cláusula de prórroga que podría extender el vínculo por una década adicional. El traspaso definitivo de la gestión se pautó de manera escalonada para desarrollarse entre enero y febrero de 2027, momento en el cual la nueva conducción asumirá el control operativo de la red que abastece a millones de usuarios en el área metropolitana.
El grupo empresario que se alzó con la adjudicación reúne a diversas figuras del empresariado local e internacional. Además de la firma fundada por Walter Román, la alianza societaria incluye a Transclor, la compañía química liderada por el empresario Mauricio Filiberti, así como a la brasileña Arcos Saneamento e Participações y al fondo internacional PHX Aqua AR B.V., radicado en los Países Bajos. A este esquema se suman también los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, quienes reafirman su presencia en el sector de servicios públicos tras sus previas inversiones en el mercado de distribución eléctrica. La propuesta ganadora, tasada en algo más de 340 millones de dólares, logró imponerse por encima de la oferta alternativa presentada por el consorcio competidor vinculado al grupo Roggio, el cual había cotizado una suma sensiblemente inferior por el paquete accionario puesto en disputa por el Estado.
Inversiones proyectadas y metas de cobertura
A pesar de que la cifra obtenida por la venta accionaria quedó por debajo de las proyecciones iniciales trazadas por el equipo económico nacional, el esquema contractual aprobado impone exigencias financieras de gran envergadura para los nuevos operadores. El pliego licitatorio estipula un compromiso de inversión mínima equivalente a dos mil millones de dólares durante el primer lustro de gestión, mientras que las obligaciones globales de infraestructura para el tramo inicial se estiman entre los trece mil y los quince mil millones de dólares. Desde el punto de vista patrimonial, el acuerdo determina que todas las redes de distribución, plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo y tendidos cloacales que se incorporen al sistema mantendrán su condición de bienes estatales una vez concluido el plazo contractual.
En materia de objetivos operativos, el plan de metas fijado en la concesión establece que los niveles de cobertura de agua potable deberán trepar hasta el setenta y cinco por ciento hacia el cierre de 2031, con la perspectiva de alcanzar el noventa por ciento al cumplirse las tres décadas del acuerdo. Por su parte, el servicio de saneamiento cloacal contempla llegar a un porcentaje superior al sesenta y tres por ciento en el mediano plazo y escalar al setencia y cinco por ciento hacia el término del período principal. La universalización absoluta de ambas prestaciones quedó supeditada a la activación de la prórroga decenal, configurando un escenario de transformación profunda en la prestación del servicio sanitario bajo la nueva órbita privada.
