El sistema de convivencia urbana en el partido de La Plata podría sufrir una modificación sustancial si prospera una iniciativa legislativa que busca involucrar de manera directa a la ciudadanía en la resolución de infracciones y contravenciones graves. El proyecto, que apunta a instaurar una instancia de jurados integrados por habitantes locales para dictaminar sobre la culpabilidad en determinados expedientes, avanzó en las últimas horas dentro del ámbito legislativo comunal tras recibir su tratamiento formal en la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, un paso institucional que reinstala el debate sobre los límites de la jurisdicción municipal y el rol actual de los tribunales de faltas.
La propuesta normativa contempla que los ciudadanos seleccionados participen mediante un dictamen previo antes de la intervención de los magistrados competentes, abarcando específicamente aquellas conductas que atentan contra la higiene urbana, el medio ambiente, el orden público y la salubridad general. Con esta metodología, el esquema pretende desplazar el foco punitivo tradicional hacia una ponderación comunitaria de las faltas cometidas en el espacio público, diferenciando contravenciones menores de aquellas que alteran de manera persistente la convivencia cotidiana en los diferentes barrios de la región.
Una revisión profunda sobre el funcionamiento de los tribunales comunales
Los fundamentos del expediente legislativo ponen el acento en la necesidad de reformular las competencias actuales de los juzgados municipales, a los cuales se les atribuye una dinámica centrada excesivamente en la recaudación económica por infracciones vinculadas al estacionamiento medido y otras transgresiones cotidianas de menor escala. Desde el espacio impulsor de la medida se remarca que la intención es transformar a estos organismos en garantes efectivos del orden urbano, dotándolos de un respaldo social legitimado por la participación directa de vecinos que evalúen de primera mano las transgresiones denunciadas en las calles platenses.
De concretarse la aprobación definitiva, el distrito se convertiría en pionero dentro del territorio bonaerense en implementar un mecanismo de esta naturaleza en el ámbito del derecho público municipal. Sin embargo, la viabilidad de la ordenanza requiere todavía de un riguroso análisis técnico y jurídico para determinar su compatibilidad con el régimen contravencional vigente en la provincia de Buenos Aires, motivo por el cual el expediente continuará su curso con la intervención requerida de las secretarías legales y técnicas del municipio, cuyas definiciones marcarán el pulso de la discusión legislativa en las próximas semanas.




