La acelerada digitalización de las gestiones cotidianas en el ámbito de la administración pública bonaerense podría encontrar un freno regulatorio orientado a proteger a los sectores más vulnerables frente a la brecha tecnológica. La Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires aprobó por media sanción una iniciativa legislativa destinada a asegurar que las personas mayores de 60 años tengan la posibilidad de realizar trámites, obtener turnos y validar documentación sin la obligación excluyente de utilizar aplicaciones móviles o plataformas web.

El texto normativo impulsado en el recinto no plantea un retroceso en los procesos de despapelización o modernización estatal, sino que exige la convivencia obligatoria de canales tradicionales de atención. De esta forma, los organismos públicos provinciales, entes descentralizados, empresas del Estado y el propio Banco Provincia deberán arbitrar los medios para ofrecer asistencia personalizada y opciones analógicas a quienes no posean dispositivos inteligentes, conectividad adecuada o los conocimientos específicos para operar en entornos virtuales.

La mirada legislativa y los alcances de la medida

La discusión en torno al acceso equitativo a los servicios esenciales puso sobre la mesa las dificultades cotidianas que atraviesan miles de jubilados y ciudadanos de la tercera edad al intentar cumplir con exigencias burocráticas que hoy se encuentran casi un 100% digitalizadas. Al fundamentar la propuesta, la senadora radical Natalia Quintana advirtió sobre los riesgos de transformar la innovación en un mecanismo involuntario de marginación institucional.

"Los avances tecnológicos y las aplicaciones móviles son una herramienta valiosa para optimizar recursos y mejorar la eficiencia del Estado. Sin embargo, este proceso de modernización no debe traducirse en nuevas formas de exclusión ni en obstáculos para el ejercicio de derechos", expresó la legisladora.

Asimismo, la autora del proyecto enfatizó que la dependencia estricta de interfaces digitales vulnera la autonomía de una franja etaria que históricamente construyó sus vínculos con el Estado bajo metodologías presenciales. "Las personas mayores generalmente sufren la brecha digital; la obligatoriedad de gestionar turnos, validar identidades o cargar documentación de manera virtual se ha transformado en una barrera inasumible. No pueden ser rehenes del mundo digital", remarcó durante el debate parlamentario.

El proyecto establece lineamientos concretos para los prestadores de servicios públicos y dependencias provinciales, obligándolos a disponer de personal capacitado para la orientación directa, asistencia en la carga de formularios y entrega de turnos por vías no automatizadas. Para que estas disposiciones alcancen fuerza de ley, la iniciativa deberá superar ahora el filtro de la Cámara de Diputados bonaerense, donde se abrirá una nueva etapa de discusión legislativa antes de su eventual promulgación y entrada en vigencia en todo el territorio provincial.