La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires dio un paso clave en el debate legislativo al girar a la Cámara baja un proyecto de ley que busca blindar el abastecimiento de combustible para el parque automotor afectado a tareas críticas. La iniciativa, que ahora deberá ser evaluada por los diputados, establece la obligación legal de asegurar el suministro continuo de Gas Natural Comprimido a los vehículos que cumplen funciones vitales para la comunidad y propone una modificación directa en la infraestructura de las estaciones de servicio instaladas en territorio bonaerense.
El texto normativo contempla la creación obligatoria de un carril preferencial de acceso y carga rápida en todas las bocas de expendio que comercialicen este combustible dentro de los límites provinciales. Entre los rodados alcanzados por esta categoría prioritaria figuran las ambulancias tanto del sistema público como privado, las unidades de bomberos voluntarios y estatales, los patrulleros de las fuerzas de seguridad, los transportes escolares registrados, las flotas de colectivos del servicio público, además de taxis y remises debidamente habilitados. Para instrumentar el sistema, la propuesta determina que estos vehículos portarán obleas y calcomanías oficiales destinadas a su rápida identificación visual por parte de los estacioneros.
Infraestructura y plazos de adaptación en las estaciones
El proyecto legislativo no solo fija las prioridades de despacho, sino que también establece un cronograma operativo para el sector estacionero. Una vez que la medida sea promulgada y reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial, los establecimientos expendedores dispondrán de un plazo improrrogable de noventa días corridos para adecuar sus instalaciones físicas, delimitar el carril diferencial y colocar la señalización correspondiente mediante cartelería visible en los accesos.
La implementación de un carril preferencial no genera un perjuicio para el resto de los usuarios, pero garantiza un beneficio social enorme al proteger la operatividad las 24 horas de los servicios indispensables para la comunidad.
Los fundamentos de la propuesta legislativa apoyan la necesidad de blindar la operatividad de los servicios públicos frente a posibles escenarios de restricciones energéticas o cuellos de botella en la red de distribución. En los últimos años, distintos distritos bonaerenses experimentaron interrupciones temporales en el expendio de GNC debido a la reasignación prioritaria de gas hacia los sectores residenciales y las centrales térmicas durante las épocas de mayor consumo invernal. Ante este panorama, la normativa busca blindar logísticamente a la flota estatal y de transporte público para evitar que una crisis de suministro paralice las tareas de prevención en seguridad o la atención sanitaria de urgencia.
El impacto operativo en la región capital
De convertirse en ley, la medida tendrá un impacto directo en la dinámica urbana de La Plata, Berisso y Ensenada, donde la concentración de dependencias provinciales, hospitales públicos de alta complejidad y grandes flotas de transporte público exige una logística aceitada. Las estaciones de servicio ubicadas sobre los corredores estratégicos de la región deberán modificar sus playas de maniobra para cumplir con la nueva exigencia de carriles diferenciados, un aspecto que requerirá tanto inversión en cartelería como coordinación operativa con las empresas expendedoras.
La discusión se da en un contexto donde la infraestructura energética nacional y provincial atraviesa constantes revisiones vinculadas a la capacidad de transporte y los costos tarifarios. Mientras la iniciativa avanza en el recinto legislativo, las cámaras que nuclean a los estacioneros analizan la viabilidad técnica de adaptar los espacios en aquellas bocas de expendio ubicadas en cascos urbanos densamente poblados, donde el espacio físico suele ser el principal obstáculo para la demarcación de circuitos exclusivos de carga rápida.
