El sistema de justicia penal nacional enfrenta un nuevo debate en torno a la proporcionalidad de las sanciones y la eficacia en la persecución de delitos de extrema gravedad. En las últimas horas, ingresó formalmente a la discusión parlamentaria una iniciativa impulsada por la legisladora Virginia Gallardo que apunta directamente a reformar el Código Penal vigente, con el objetivo central de elevar las condenas y extender los plazos de prescripción para los casos de abusos sexuales, una demanda persistente de diversos sectores sociales y jurídicos que reclaman mayor firmeza institucional ante violaciones graves a los derechos personalísimos.
El texto normativo contempla modificaciones sustanciales en los tiempos procesales que habilitan o interrumpen la acción penal. En lo que respecta a los delitos cuya pena es de carácter temporal, se preserva el criterio tradicional que fija la extinción de la acción tras transcurrir el máximo de la pena establecida, pero se opera una modificación notable sobre el techo actual. La propuesta eleva ese límite superior de los doce a los quince años, estableciendo simultáneamente un piso mínimo de dos años para la prescripción. Asimismo, se incrementa de uno a tres años el plazo correspondiente a la prescripción de las inhabilitaciones accesorias o principales, mientras que se ratifica que el cómputo temporal se interrumpe de manera automática ante la declaración formal de rebeldía de un imputado o frente a la tramitación de una solicitud de extradición.
Un debate sobre la eficacia judicial y el transcurso del tiempo
La discusión legislativa en torno a la prescripción de los delitos sexuales no constituye un hecho aislado, sino que se inserta en una revisión más amplia sobre las garantías procesales y el acceso real a la justicia por parte de las víctimas. Históricamente, las organizaciones especializadas han señalado que el impacto psicológico y emocional de estos ataques suele traducirse en extensos silencios antes de que las personas afectadas logren radicar una denuncia formal. Este factor temporal frecuentemente chocaba con los límites estrictos que imponía la legislación anterior, generando situaciones de impunidad técnica a pesar de la gravedad de los hechos investigados. La modificación busca precisamente cerrar esas hendijas legales que permitían que el mero transcurso del tiempo neutralizara la potestad punitiva del Estado.
Para consolidar su tratamiento, la propuesta legislativa sumó las firmas y el respaldo de un conjunto plural de legisladoras que integran diferentes espacios parlamentarios, entre las que se encuentran Giselle Castelnuovo, Johanna Longo, Gladys Humenuk, Gabriela Flores, Pamela Verasay, Carolina Basualdo, Nancy Picón Martínez y Gladys Medina. En los fundamentos que sostienen el proyecto, las autoras enfatizan que las modificaciones propuestas responden a la necesidad insoslayable de dotar de mayor coherencia sistémica al ordenamiento punitivo, adecuando sus disposiciones a la lesividad real de los delitos involucrados. La decisión política explícita detrás de la redacción es evitar de manera categórica que el paso del tiempo, en supuestos de extrema gravedad social e institucional, actúe como un factor que frustre definitivamente la actuación de la justicia y la reparación simbólica y material para quienes han sufrido este tipo de agresiones.
