La gestión institucional y comercial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vuelve a quedar bajo la lupa tras revelarse una serie de contratos firmados con un empresario extranjero que acumula antecedentes penales y judiciales en su país de origen y en tribunales internacionales. Lejos de tratarse de un socio comercial convencional, la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia estableció vínculos con firmas controladas por figuras con historial de fraude corporativo, encendiendo alertas sobre los mecanismos de fiscalización interna y los protocolos de prevención de lavado de dinero que aplica la casa madre del fútbol nacional.

El núcleo de la operatoria comercial gira en torno a acuerdos de patrocinio regional para las selecciones nacionales en Medio Oriente y África, adjudicados a sociedades cruzadas por tramas offshore. La falta de transparencia en la trazabilidad de los fondos y la derivación de pagos hacia estructuras financieras radicadas en jurisdicciones laxas configuran un escenario financiero opaco que contradice las normativas internacionales de cumplimiento ético.

Antecedentes judiciales y el entramado societario

La figura central detrás de esta trama es Gilad Somjen, un empresario israelí con un prontuario comercial que incluye causas penales y acuerdos judiciales de alto perfil. En 2016, Somjen y sus socios se declararon culpables ante la justicia de su país por la confección y presentación de reportes societarios falsos, maniobras diseñadas para ocultar un esquema de evasión fiscal montado a través de una red de estructuras radicadas en paraísos fiscales. A ello se suma un litigio civil en un tribunal federal de Estados Unidos vinculado a la emisión de activos digitales no registrados, un conflicto que demandó resoluciones judiciales y acuerdos económicos para evitar mayores consecuencias penales.

A pesar de estos antecedentes, la estructura mercantil vinculada a Somjen logró sortear los supuestos filtros de validación ética de la AFA. Los convenios firmados contemplaban cláusulas explícitas de anticorrupción y antisobornos que obligaban a las partes a garantizar el origen lícito de los fondos. Sin embargo, la operativa posterior demostró un desvío sistemático de los recursos hacia entidades intermedias y sociedades litigosas, vinculadas a su vez con otras causas por presunto desvío de fondos de la propia entidad rectora del fútbol argentino.

La ruta de los fondos y la opacidad en la recaudación

El esquema de pagos implementado en estos contratos expone un circuito financiero complejo que eludió, en reiteradas oportunidades, las cuentas directas de la tesorería tradicional de la asociación. Los fondos comprometidos por los patrocinios debieron ser girados hacia cuentas en entidades bancarias internacionales a nombre de sociedades intermediarias. Este mecanismo de triangulación financiera dificulta el control institucional y debilita los mecanismos de veeduría externa.

Las facturas emitidas por la entidad deportiva expusieron una dinámica de cobro descentralizada, donde los pagos transitaron por intermediarios vinculados a redes de sociedades offshore investigadas tanto en el fuero local como en jurisdicciones norteamericanas.

La ampliación posterior de los convenios comerciales y la incorporación de nuevas marcas bajo la órbita de las mismas firmas cuestionadas consolidaron un modelo de gestión económica apartado de los estándares habituales de transparencia corporativa. Mientras los organismos de control estatal intentan auditar las cuentas y las sedes operativas de la entidad deportiva, los vínculos comerciales con actores de dudosa reputación internacional continúan expandiéndose bajo el paraguas de las selecciones campeonas del mundo, profundizando la distancia entre la bonanza deportiva y la precariedad institucional del fútbol argentino.