La investigación judicial en torno a las operaciones de la billetera virtual Sur Finanzas, dirigida por Ariel Vallejo y que acumuló movimientos por la suma de 818.000 millones de pesos, dio un nuevo paso procesal al solicitarse informes exhaustivos sobre la capacidad contributiva y patrimonial de más de 300 actores involucrados. El requerimiento, impulsado ante el organismo fiscal competente, busca determinar la real solvencia económica de unas 306 personas, entre individuos y sociedades, que operaron mediante la plataforma y sobre las cuales pesan fuertes sospechas de integrar una red de lavado de activos y evasión fiscal agravada.

El expediente, radicado en los tribunales federales, pone la lupa sobre un entramado que incluye a un centenar de personas jurídicas y físicas cuyos perfiles financieros contrastan fuertemente con los volúmenes de dinero operados. Entre los casos analizados figuran monotributistas de categorías iniciales, beneficiarios de planes sociales, jubilados e incluso contribuyentes detectados en las bases oficiales de emisores de facturas apócrifas. Las medidas probatorias recientes apuntan a esclarecer si la estructura financiera funcionó como un mecanismo para introducir al mercado formal capitales de origen oscuro, utilizando identidades vulnerables o empresas fantasma como fachadas para las transacciones.

Un mapa de ramificaciones que alcanza a la región y al deporte

Las derivaciones de la pesquisa judicial extienden sus tentáculos hacia diversos sectores de la economía y la administración pública, salpicando a entidades deportivas de primera división y a comunas de la provincia de Buenos Aires. En el listado de sociedades investigadas aparecen firmas como Rodepau y Gomont, cuyos domicilios declarados y denominaciones llamaron la atención de los investigadores, registrando además conexiones geográficas directas con partidos bonaerenses como Berisso, donde uno de los hombres vinculados a los papeles societarios fijó domicilio en un asentamiento local, evidenciando la precariedad patrimonial frente a los millonarios números manejados en los balances.

Paralelamente, la causa registra la apertura de expedientes sobre la utilización de la billetera por parte de administraciones municipales, como el caso de Lomas de Zamora, cuyos funcionarios admitieron el uso de la plataforma durante el ejercicio pasado para el cobro de tributos locales, al igual que los recientes operativos de saturación y secuestro documental ejecutados por fuerzas federales en instituciones como San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors. Con un caudal de damnificados que ya comenzó a presentarse ante la justicia para desconocer préstamos millonarios y cuentas abiertas de manera inconsulta, el magistrado interviniente continúa cruzando bases de datos para dilucidar el verdadero circuito financiero detrás de una de las causas económicas más complejas de los últimos tiempos.