El caso que sacudió al ámbito de la salud mental en la región sumó un nuevo capítulo cuando la mujer de 37 años, recientemente procesada por ejercer la psicología sin contar con el título habilitante, rompió el silencio y emitió un descargo público. A través de un mensaje difundido en su perfil de mensajería instantánea, la acusada buscó llevar calma a su entorno y cuestionó de forma indirecta la información que trascendió desde los estrados judiciales. La investigación, que se originó a partir de una presentación formal realizada por el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires, destapó un entramado de consultas particulares en el casco urbano y en la zona norte del partido.

La maniobra fraudulenta quedó al descubierto tras la desconfianza generada por un certificado presentado ante una institución educativa por la madre de una paciente menor de edad. Esa alerta inicial derivó en una serie de operativos simultáneos coordinados por la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 y ejecutados por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones. Los procedimientos incluyeron registros en un consultorio del centro platense y en una finca de la localidad de Gonnet, donde los agentes secuestraron material clave para la causa, como informes clínicos, cuadernos con anotaciones de pacientes, un diploma apócrifo, sellos profesionales y tarjetas de presentación que la vinculaban falsamente con la disciplina.

El impacto del ejercicio ilegal en la salud pública

La complejidad de la maniobra investigada radica no sólo en la falsificación de documentación y títulos académicos, sino en la vulneración de la confianza de personas que acudían en busca de asistencia psicológica. Las pesquisas determinaron que la imputada promocionaba sus servicios a través de plataformas digitales, cobrando honorarios que oscilaban entre los veinte mil y los treinta mil pesos por sesión. Tras presentarse voluntariamente en la sede policial para interiorizarse sobre su situación procesal, la sospechosa fue detenida de manera preventiva, aunque la Justicia dispuso su posterior liberación para que transite el proceso bajo caución juratoria, defendida legalmente por su representante particular.

En su comunicación pública, la involucrada sostuvo que toda su documentación se encuentra a disposición de los estrados competentes y aseguró haber desarrollado su labor dentro del marco normativo vigente, un argumento que choca frontalmente con los informes oficiales solicitados a los registros profesionales de la salud, donde se constató la inexistencia de su matrícula. Mientras la defensa técnica intenta rebatir los cargos por ejercicio ilegal de la profesión en concurso ideal con usurpación de títulos y honores, estafa y falsificación, la fiscalía interviniente continúa analizando el material incautado para dimensionar la cantidad de pacientes que fueron atendidos de manera irregular en los consultorios allanados durante las últimas semanas.