El caso que sacudió al ámbito de la salud mental en la capital bonaerense sumó un nuevo capítulo luego de que la principal imputada por usurpación de título y ejercicio ilegal de la profesión decidiera dar su versión pública. La causa, que avanza en los tribunales locales, expone los grises normativos y la creciente preocupación de los colegios profesionales ante la proliferación de terapias alternativas y abordajes no regulados que operan en paralelo al sistema formal.

Tamara Roh, de 37 años, fue detenida a principios de octubre tras una serie de medidas de rigor impulsadas por la fiscalía interviniente. Tras recuperar la libertad para continuar el proceso judicial sin prisión preventiva, la mujer rechazó de plano las acusaciones y buscó blindar su práctica bajo el paraguas de una supuesta disciplina moderna. En su defensa, sostuvo que cursó estudios durante cinco años y que su tarea se limita a la esfera vincular, desmarcándose de las incumbencias propias de la psicología clínica tradicional.

Los límites difusos entre la asistencia y el ejercicio ilegal

La controversia radica en la delgada línea que separa el acompañamiento comunitario o el asesoramiento vincular de la práctica clínica propiamente dicha. Mientras que la normativa vigente exige un título habilitante expedido por universidad nacional o privada reconocida y la matriculación obligatoria en el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires para tratar patologías o realizar psicodiagnósticos, la imputada insistió en que su labor no implica curar, diagnosticar ni medicar. Sin embargo, admitió sostener sesiones individuales con pacientes, un terreno que las entidades colegiadas consideran de exclusiva reserva profesional.

El argumento de la defensa, centrado en la novedad de su enfoque y en su supuesta pertenencia a asociaciones de menor reconocimiento institucional, choca frontalmente con los requerimientos del Código Penal argentino en materia de usurpación de títulos y honores. Las denuncias que originaron la investigación partieron justamente de advertencias sobre el riesgo sanitario que implica la intervención de personas sin supervisión científica ni marco ético validado por las autoridades sanitarias bonaerenses.

El impacto en los pacientes y el trasfondo de las terapias alternativas

Lejos de aplacarse con sus declaraciones, el debate en torno al intrusismo profesional en La Plata se recalienta. Desde el entorno de la acusada señalaron que la causa judicial alteró por completo su dinámica cotidiana y generó desconcierto en las personas que asistían a sus consultorios. No obstante, las instituciones encargadas de velar por la salud pública recuerdan que la habilitación para intervenir en la subjetividad y el sufrimiento psíquico no responde a nomenclaturas autorreguladas, sino a trayectos académicos formales fiscalizados por el Estado.

Con el expediente en plena etapa de producción de prueba, la fiscalía analiza peritajes sobre material secuestrado y testimonios para determinar el alcance real de las prestaciones que brindaba la imputada. El desenlace de este proceso sentará un precedente clave para definir cómo operan los controles sobre los consultorios privados que proliferan en distintos barrios de la región bajo rótulos ambiguos.