La instancia de alegatos en el juicio oral y público por el fallecimiento de Diego Armando Maradona sumó un capítulo de máxima tensión judicial cuando Mario Baudry, en representación de Dieguito Fernando, solicitó duras penas de cumplimiento efectivo para el entorno médico que asistió al ídolo futbolístico en sus últimas semanas de vida. Ante los magistrados, el letrado endureció las calificaciones legales respecto a lo requerido inicialmente por el Ministerio Público Fiscal, marcando diferencias sustanciales en torno a la responsabilidad del equipo tratante y exigiendo la detención inmediata de los imputados en caso de que el tribunal dicte un fallo condenatorio.
Durante su exposición en los tribunales, el representante legal del hijo menor del astro deportivo focalizó su argumentación en la gravedad de las conductas omitidas y el conocimiento previo que los profesionales tenían sobre el cuadro de vulnerabilidad extrema que atravesaba el ex director técnico de la selección nacional. En esa línea, la querella ratificó la figura de homicidio simple con dolo eventual para el neurocirujano Leopoldo Luque, para quien solicitó dieciséis años de prisión e inhabilitación especial por una década, la misma pena requerida para la coordinadora médica Nancy Forlini. En cuanto a la psiquiatra Agustina Cosachov, el pedido ascendió a catorce años de cárcel por el concurso real de delitos que incluye la falsificación de documentos públicos, mientras que para el psicólogo Carlos Díaz exigió una condena de doce años bajo la misma carátula agravada.
Las divergencias con la fiscalía y los pedidos de absolución
El tramo central de la exposición expuso los matices técnicos que separan la estrategia de la fiscalía respecto de la postura adoptada por la representación de la querella. Mientras el Ministerio Público había encuadrado la conducta del psicólogo en un delito de índole culposa, Baudry argumentó ante el tribunal que Díaz mantuvo una participación activa y consciente en el armado de la internación domiciliaria, un escenario que, según la acusación, funcionó como un mecanismo de aislamiento que aceleró el trágico desenlace. Por otra parte, para el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni solicitó cuatro años de prisión por homicidio culposo, al tiempo que sorprendió al solicitar la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna al considerar que su inclusión en el expediente respondió a márgenes periféricos de la estructura sanitaria.
El desarrollo del debate judicial marca un punto de inflexión en un proceso que moviliza a la opinión pública nacional e internacional desde hace meses, congregando nuevamente en la sala de audiencias a los familiares directos del deportista. Con la continuidad de los alegatos por parte de las demás querellas, el tribunal se encamina a escuchar la totalidad de las posturas antes de abrir paso a las dúplicas y el posterior veredicto que definirá las responsabilidades penales en torno a uno de los hechos más conmocionantes de la historia reciente del país.
