El debate judicial que intenta esclarecer el asesinato de Verónica Dessio ingresó en su tramo decisivo en los tribunales de La Plata, donde la atención se concentra en el análisis de las comunicaciones electrónicas y la trazabilidad de los dispositivos secuestrados. Durante las audiencias de discusión, la fiscalía y las querellas insistieron en que un número registrado de manera previa a la activación del chip funciona como una pieza vertebral para conectar a los acusados con la trama del crimen. La controversia se centra en determinar con precisión quién operó efectivamente la línea y cuál fue el alcance de los contactos mantenidos en el período previo al hecho.
La hipótesis construida durante la instrucción sostiene que la línea se encontraba registrada administrativamente a nombre de la propia víctima, aunque su utilización material se habría desviado hacia la planificación del homicidio. En ese esquema, los registros informáticos muestran que el contacto figuraba agendado en un teléfono adjudicado a Ivana Mapis tres días antes de que la tarjeta SIM comenzara a operar formalmente en la red. Para los acusadores, esta secuencia temporal no constituye una coincidencia, sino un eslabón deliberado que vincula a la imputada con el alias bajo el cual se habrían canalizado las gestiones y las ofertas de dinero para concretar el ataque mortal.
La valoración de las evidencias técnicas y el destino procesal
Por su parte, las defensas técnicas rechazaron de plano esta lectura y reclamaron la absolución tanto de Mapis como del otro procesado, Jorge Alves, al argumentar que la titularidad formal de un servicio de telecomunicaciones no demuestra por sí misma la autoría de los mensajes ni el dominio del aparato en el momento crítico. Los defensores insistieron en que el rastreo de llamadas y las búsquedas digitales incorporadas al expediente, que incluyen consultas sobre sustancias tóxicas, carecen del correlato físico necesario para confirmar que se hayan concretado acciones lesivas o que los imputados hayan sido los únicos usuarios de los terminales investigados.
El proceso judicial deja al descubierto las complejidades propias de la prueba tecnológica en las investigaciones penales complejas, donde la mera existencia de metadatos, cruces de antenas y registros de agenda requiere una corroboración estricta para evitar saltos lógicos en la acusación. Mientras la fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para ambos implicados al considerar probada su participación coordinada, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal II deberán ponderar si los indicios digitales alcanzan el grado de certeza requerido para destruir el estado de inocencia. La resolución final marcará un precedente en la valoración de evidencia digital dentro de la jurisdicción penal platense, cerrando un debate técnico que mantuvo en vilo a los operadores judiciales durante las últimas semanas.
