El debate judicial que enfrenta al gremialismo de Camioneros con sectores vinculados a La Libertad Avanza ingresó en su tramo definitivo al desarrollarse la etapa de alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás. En ese marco, el proceso dejó al descubierto una compleja trama donde confluyen la actividad sindical, los límites legales de la protesta gremial y una densa red de posicionamientos políticos que salpican tanto a administraciones municipales como a referentes legislativos provinciales.

Durante la audiencia llevada a cabo este martes, las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio formalizaron un pedido de diez años de prisión efectiva para Maximiliano Cabaleyro, exconcejal del peronismo y dirigente histórico de Camioneros en la región norte de la provincia de Buenos Aires. La acusación fiscal recae sobre los delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión, originados a raíz del violento conflicto desatado en febrero de 2021 contra la firma Rey Distribución, una pyme familiar radicada en San Pedro.

La postura punitiva adoptada por el Ministerio Público fue aún más lejos por parte de la querella particular. Representada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo y con el patrocinio legal de la senadora bonaerense Florencia Arietto, la parte damnificada reclamó que la condena ascienda a quince años de cumplimiento efectivo y exigió una década de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Esta organización se ha convertido en un actor central de los litigios judiciales que enfrentan a empleadores con las estructuras sindicales de mayor peso territorial.

Un expediente cruzado por alianzas partidarias y disputas de poder

El paso del tiempo reconfiguró por completo el tablero político en el cual se originó el expediente judicial. Cuando ocurrieron los hechos que motivaron la investigación, Cabaleyro combinaba su rol al frente de la delegación nicoleña del sindicato con una banca en el Concejo Deliberante local bajo el sello del Frente de Todos. Hoy, con el proceso en su etapa final, los protagonistas ocupan espacios radicalmente distintos dentro de la geografía política provincial y local.

Del otro lado del litigio se encuentra la familia propietaria de la distribuidora afectada, cuyo referente, Ariel Rey, accedió a una banca en el cuerpo deliberativo sampedrino tras encabezar una lista que confluyó electoralmente con La Libertad Avanza. La presencia de Arietto como abogada querellante sella la dimensión ideológica del debate, transformando un conflicto de índole laboral en una causa testigo sobre las formas de acción gremial y la intervención estatal en disputas entre capital y trabajo.

El tramo político del debate sumó además testimonios de alto impacto institucional, como la declaración del intendente municipal Cecilio Salazar. El jefe comunal reconoció haber intentado mediar entre las partes para destrabar el conflicto, aunque la filtración y posterior difusión de una comunicación telefónica privada con Cabaleyro abrió un flanco de cuestionamientos sobre su presunto favoritismo hacia la postura sindical. Mientras la defensa técnica del gremialista solicitó la absolución integral al encuadrar los hechos en el legítimo ejercicio de la actividad sindical, el Tribunal Oral deberá resolver este miércoles si las acciones investigadas constituyen los delitos endilgados, marcando un hito en la jurisprudencia sobre los bloqueos a establecimientos comerciales.