La disputa judicial en torno al impacto territorial y ambiental del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 sumó un nuevo capítulo en los tribunales con asiento en la capital bonaerense. La Justicia hizo lugar de manera parcial a una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y ordenó al Estado nacional garantizar la preservación absoluta de toda la información registral, catastral y administrativa vinculada con las tierras rurales que fue recopilada durante la vigencia de la Ley 26.737, una norma que establecía límites estrictos a la extranjerización de los recursos naturales y que fue dejada sin efecto por la actual administración federal en el inicio de su gestión.
La resolución judicial provino del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, encabezado por la jueza Güendalina Sessarego. Si bien la magistrada determinó que el análisis de fondo sobre la inconstitucionalidad del decreto presidencial excede su órbita y debe tramitar en la justicia de carácter federal, consideró imperioso dictar una tutela precautoria para evitar que el traspaso del expediente y la reorganización de las dependencias estatales provoquen la pérdida irreparable de datos considerados estratégicos para la soberanía territorial y el control ambiental de la región pampeana.
La protección de los registros históricos ante la flexibilización normativa
El fallo impone al Ministerio de Justicia de la Nación, o al organismo que en la práctica detente la custodia de los archivos, un plazo perentorio de cinco días para detallar con precisión hasta qué fecha se realizaron los relevamientos del Registro Nacional de Tierras Rurales. Asimismo, la manda judicial exige mantener a resguardo la totalidad de los antecedentes generados desde la puesta en marcha del régimen original en el año 2011 hasta la última actualización disponible, bloqueando cualquier posibilidad de destrucción, alteración o descarte de los soportes digitales y documentales mientras la causa continúa su derrotero procesal.
La acción legal había sido interpuesta por el defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino, quien centró sus cuestionamientos en el artículo 154 del DNU firmado por el presidente Javier Milei. Desde la perspectiva del organismo provincial, la desaparición de los mecanismos de control no solo habilita la libre compra de campos por parte de capitales extranjeros sin las antiguas restricciones porcentuales, sino que además desarticula el sistema de información indispensable para mensurar la evolución de la propiedad rural. En los fundamentos de la demanda se advirtió de manera específica sobre zonas críticas como los partidos de Campana y Zárate, donde la concentración de titularidad foránea supera con holgura la media histórica del territorio bonaerense.
Dimensión ambiental y el futuro de la competencia federal
Uno de los ejes más sólidos de la resolución de la jueza Sessarego radica en la vinculación directa entre la información catastral y la preservación del ecosistema. Al invocar el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, la magistrada recordó que los principios de prevención y precaución obligan al Estado a actuar antes de que se consume un daño irreversible. En su lectura, la desaparición de los registros acumulados durante casi quince años obstaculizaría de manera drástica la elaboración de futuras políticas públicas y cercenaría el debate democrático en torno a la tenencia de recursos estratégicos.
A pesar de haber dictado la medida preventiva para blindar los datos, la magistrada ratificó su incompetencia material para resolver el fondo del litigio, ya que el reclamo apunta de manera directa a invalidar un artículo clave de una norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional. Por este motivo, el expediente fue remitido a la Cámara Federal de La Plata para que realice el sorteo correspondiente y determine qué juzgado federal continuará con la tramitación del expediente. Hasta tanto se expida el nuevo magistrado asignado, la orden de conservar intactos los registros de tierras rurales permanecerá plenamente vigente.
