El sistema de administración de justicia en la provincia de Buenos Aires sumará un nuevo enfoque formativo obligatorio tras la decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura, que aprobó la inclusión de las denominadas reglas inspiradas en el pensamiento del Sumo Pontífice para todos los futuros jueces y fiscales. La medida busca transformar los trayectos académicos de la Escuela Judicial mediante la incorporación de herramientas conceptuales y prácticas orientadas a atender con perspectiva social a aquellas personas que atraviesan situaciones de pobreza estructural y vulnerabilidad extrema al momento de comparecer ante los tribunales.
La iniciativa se cristalizó a partir del trabajo coordinado entre el legislador bonaerense Facundo Tignanelli y el obispo de San Justo, Eduardo García, referente de la Pastoral Judicial. El corpus normativo adoptado consta de dieciocho directrices específicas diseñadas para modificar la dinámica cotidiana en las fiscalías, defensorías y juzgados, interpelando las prácticas tradicionales que históricamente han caracterizado al servicio de administración de justicia en el distrito más poblado del país.
Hacia un nuevo paradigma en la formación judicial
La currícula destinada a los aspirantes a ocupar cargos de jerarquía en el poder judicial suele centrarse en el dominio dogmático de las leyes, los códigos de procedimiento y la jurisprudencia vigente. Con esta modificación, el organismo evaluador pretende subsanar un vacío histórico en la preparación técnica, introduciendo conceptos vinculados a la accesibilidad real y al trato humanizado en el primer contacto con el ciudadano. Las directrices abordan cuestiones tan concretas como la necesidad de simplificar el lenguaje procesal, evitar tecnicismos innecesarios que confundan al justiciable y contemplar las dificultades logísticas derivadas de la falta de documentación o de un domicilio formal.
Queremos que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y con necesidades.
Este replanteo institucional se alinea conceptualmente con los postulados expuestos en la encíclica Fratelli Tutti, particularmente en lo referido a la brecha existente entre la consagración formal de los derechos humanos en los textos legales y la imposibilidad material de ejercerlos plenamente en contextos de desigualdad socioeconómica. Desde la perspectiva de los impulsores de la medida, el sistema judicial corre el riesgo constante de reproducir los mecanismos de exclusión si sus operadores actúan con indiferencia frente a las carencias materiales de quienes acuden a estrados en busca de resolución para sus conflictos.
El rol del Estado y la articulación territorial
La implementación de estos criterios en el ámbito académico bonaerense también abre un debate más amplio acerca de la presencia institucional en los barrios vulnerables y la vinculación entre las políticas públicas de seguridad jurídica y el trabajo comunitario que desarrollan diversas organizaciones sociales y religiosas en los territorios. La articulación con la Pastoral Judicial pretende aportar una mirada empírica que contraste con el aislamiento burocrático que a menudo caracteriza a los edificios tribunalicios.
Con esta resolución, la Escuela Judicial se convierte en pionera a nivel provincial en formalizar un trayecto pedagógico que vincula la ética judicial con la doctrina social contemporánea. En las próximas semanas se definirán los detalles operativos para la implementación de los contenidos en las distintas instancias de capacitación y concursos públicos, marcando un precedente en la selección de los futuros magistrados que integrarán los departamentos judiciales de todo el territorio bonaerense.
