La explotación del Autódromo Roberto Mouras de La Plata quedó en el centro de la escena judicial tras una presentación formal realizada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. La investigación pone bajo la lupa un contrato de locación firmado por diez años que involucra a sociedades vinculadas a la familia del histórico piloto y dirigente automovilístico Gastón Mazzacane, bajo la sospecha de maniobras de simulación económica y posibles perjuicios fiscales.

De acuerdo con los elementos incorporados al expediente penal preparatorio, el acuerdo comercial comenzó a regir el pasado 1 de marzo de 2025 y se extenderá hasta febrero de 2035. El documento establece un canon mensual de cinco millones de pesos por un predio de gran envergadura destinado a la actividad deportiva y comercial, una cifra que el denunciante calificó como irrisoria y desproporcionada frente a los parámetros reales del mercado inmobiliario y automotor en la región.

Las claves de la medida

La presentación judicial desgrana los puntos más controversiales del vínculo comercial entre la firma propietaria y la sociedad encargada de la explotación del circuito, requiriendo la intervención de peritos y organismos de control para esclarecer la operatoria.

  • Canon locativo: Se fijó una tarifa inicial de $5 millones mensuales, totalizando sesenta millones anuales y seiscientos millones al término de la década pactada.
  • Forma de pago: El monto total del contrato figura como cancelado de antemano mediante la compensación de supuestas mejoras edilicias pasadas y futuras realizadas en el predio.
  • Foco tributario: El denunciante solicitó la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para investigar una posible estrategia de ingreso y gasto cero destinada a eludir obligaciones impositivas.
  • Medidas de prueba: Se exigió una pericia contable integral, una tasación oficial del inmueble y el análisis de la trazabilidad bancaria entre las firmas involucradas.

El desarrollo de la causa determinará si la fiscalía avanza con las medidas solicitadas por el denunciante, mientras el predio continúa atravesando un escenario de extrema complejidad institucional y administrativa tras los antecedentes recientes en los tribunales federales.