La inesperada revelación en medio de un velorio desató una trama judicial que combina sospechas de falsificación, un cuadro clínico irreversible y una disputa por el patrimonio. La historia gira en torno a un profesor de piano, concertista y exdirector de un liceo en la localidad santafesina de Coronda, cuya vida se apagó en abril de 2021 tras transitar los últimos meses postrado en una cama, bajo un riguroso tratamiento paliativo contra un cáncer terminal. Sin hijos ni uniones previas, sus sobrinos eran sus vínculos más cercanos, aquellos que se habían ocupado de contratar el servicio de asistencia domiciliaria para garantizar que el hombre no atravesara la enfermedad en soledad. Sin embargo, el dolor por la pérdida se transformó en perplejidad cuando, durante las exequias, una de las cuidadoras contratadas se presentó públicamente como su esposa legítima y reclamó derechos sobre los bienes del jubilado.

El acta matrimonial exhibida señalaba que la unión se había formalizado el 7 de abril de ese mismo año, exactamente veintiún días antes del deceso. Lejos de tratarse de la coronación formal de una relación afectiva conocida, el vínculo sorprendió por completo tanto a la familia como a los vecinos del lugar, donde un acontecimiento de esa naturaleza no hubiera pasado desapercibido. De acuerdo con los elementos recopilados por la representación legal de los familiares, el cuadro de salud del hombre en el período en que supuestamente contrajo matrimonio era incompatible con la posibilidad de trasladarse por sus propios medios a la sede del Registro Civil y expresar un consentimiento libre y consciente. El paciente se encontraba inmovilizado, alimentado mediante sonda nasogástrica y bajo los efectos de una fuerte medicación con opioides para mitigar el dolor crónico derivado de su enfermedad.

Una trama bajo la lupa judicial y pericias clave

El avance de la investigación penal permitió focalizar las sospechas no solo sobre la cuidadora, sino también sobre la titular de la oficina del Registro Civil de Coronda que intervino en el trámite. Entre las medidas probatorias incorporadas por la querella se destaca una pericia grafológica inicial que detectó marcadas discrepancias entre la firma asentada en el acta de matrimonio y el patrón escritural histórico del docente. A esto se suma el análisis de una declaración previa de unión convivencial presentada pocas semanas antes, en la cual la mujer afirmaba convivir con el jubilado desde el año 2018, un extremo que los familiares rechazan categóricamente al asegurar que el hombre residía solo y que tal convivencia jamás existió. La causa penal avanza bajo la calificación preliminar de falsificación de documento público y maniobras defraudatorias orientadas a obtener beneficios patrimoniales, mientras la familia insiste en ser aceptada como parte querellante para voltear un enlace que consideran nulo de nulidad absoluta y evitar así que los derechos sucesorios recaigan sobre quien debía limitarse a brindar asistencia sanitaria.