La salida del dirigente Guillermo Montenegro del bloque del PRO en la Cámara alta dejó a la bancada opositora con apenas cuatro integrantes, una merma numérica que reconfiguró el equilibrio interno frente a la avanzada de los libertarios. Sin embargo, lejos de replegarse ante la pérdida de peso legislativo, el presidente del bloque amarillo, Pablo Petrecca, desplegó una rápida estrategia para mostrar dinamismo político, agenda propia y capacidad de interlocución frente a la administración de Axel Kicillof. Con el foco puesto en la discusión por los recursos y la inminente llegada del Presupuesto, el espacio opositor busca marcar el terreno parlamentario con dos iniciativas de alto impacto social y territorial.
Las propuestas presentadas por el exintendente de Junín apuntan a blindar dos de las prestaciones más sensibles para el funcionamiento cotidiano de los establecimientos educativos en el territorio bonaerense: la asistencia alimentaria y la movilidad rural. Por un lado, la iniciativa referida al Servicio Alimentario Escolar busca institucionalizar un mecanismo de actualización trimestral que utilice como piso el Índice de Precios al Consumidor medido por el INDEC para el Gran Buenos Aires, evitando de este modo la licuación de las partidas presupuestarias destinadas a los comedores escolares públicos. La propuesta también formaliza la descentralización operativa mediante los consejos escolares y los gobiernos locales, incorporando además controles periódicos sobre la calidad nutricional de las raciones.
La pulseada por el Presupuesto y el transporte rural
En paralelo, el sector legislativo opositor puso la mira en la logística educativa del interior provincial mediante un proyecto orientado a declarar como política pública permanente al Transporte Escolar Rural Gratuito. Esta propuesta establece que el canon percibido por los prestadores por kilómetro recorrido se ajuste de manera automática conforme a la estructura de costos elaborada por la Secretaría de Transporte de la Nación, contemplando variables como el valor del combustible, los neumáticos, los seguros y los salarios del sector. De esta manera, se intenta prevenir la suspensión recurrente de los servicios de traslado que afecta a miles de alumnos en los distritos con baja densidad poblacional cada vez que se registran desfasajes inflacionarios.
La sincronización de estos anuncios no es casual en el tablero político provincial. La jugada ocurre en la ventana temporal en la que el Poder Ejecutivo solicita una prórroga para remitir el proyecto de ley de leyes a la Legislatura, un compás de espera que la oposición aprovecha para intentar condicionar el debate financiero. Al instalar temas de estricta necesidad social, el bloque amarillo busca obligar al oficialismo a negociar partidas específicas dentro de la próxima Ley de Presupuesto, transformando una debilidad numérica coyuntural en una herramienta de presión política con vistas a los próximos meses de discusión parlamentaria.
