El proceso acelerado de digitalización que atraviesan las administraciones públicas y los servicios esenciales en el territorio bonaerense comenzó a mostrar sus límites frente a una porción significativa de la población que encuentra en las pantallas una barrera casi infranqueable. En este escenario, la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires aprobó por media sanción un proyecto de ley que apunta a frenar la exclusión sistemática que sufren las personas mayores de sesenta años frente a la imposición de plataformas virtuales excluyentes.

La iniciativa legislativa establece obligaciones concretas para los organismos de la administración centralizada, entes autárquicos, empresas estatales, prestatarias de servicios públicos y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El eje central de la normativa radica en prohibir la exigencia de un canal puramente digital para la realización de trámites, gestiones y solicitudes, obligando a estas dependencias a disponer de estructuras de atención humanizada, asistencia personalizada, orientación en la obtención de turnos y acompañamiento directo en la carga de datos para quienes lo requieran.

La brecha tecnológica y el rol del Estado

Detrás de cada pantalla táctil, de cada aplicación móvil obligatoria y de cada sistema automatizado de validación de identidad se esconde una problemática social profunda vinculada a la desigualdad en el acceso y manejo de las nuevas tecnologías. Lejos de proponer una resistencia al avance informático, la norma busca equilibrar la eficiencia administrativa con la responsabilidad social del Estado, bajo el argumento de que la modernización no puede implementarse a costa de vulnerar derechos adquiridos ni de marginar a los sectores que no crecieron en el entorno digital.

El debate legislativo pone sobre la mesa una discusión ineludible sobre cómo las administraciones públicas trasladan los costos operativos hacia los ciudadanos, exigiendo dispositivos móviles, conectividad permanente y saberes informáticos que no siempre están garantizados en la tercera edad. La obligatoriedad de resolver turnos médicos, pagos de servicios o gestiones previsionales mediante el uso exclusivo de internet generó en los últimos años un colapso en la paciencia y en la autonomía de miles de vecinos que se ven obligados a depender de terceros para resolver cuestiones cotidianas.

Tras obtener la aprobación en la Cámara Alta, el texto normativo ahora deberá continuar su derrotero legislativo en la Cámara de Diputados bonaerense, donde se espera un debate enfocado en la viabilidad operativa y presupuestaria que demandará a las distintas dependencias estatales y entidades bancarias readecuar sus esquemas de atención presencial para dar cumplimiento a esta exigencia de inclusión ciudadana.