El Gobierno nacional aceleró la transferencia del control operativo de Agua y Saneamientos Argentinos y fijó para las próximas horas la apertura de sobres económicos que determinará qué grupo empresarial se quedará con el 90% del paquete accionario de la compañía. La decisión marca un punto de inflexión en la política de privatizaciones de activos estatales impulsada por la administración central, poniendo bajo la órbita privada un servicio esencial que abastece a millones de habitantes en el área metropolitana.

A través de la Resolución oficializada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio luz verde a las propuestas técnicas presentadas por los dos únicos contendientes que sobrevivieron al filtro administrativo. Por un lado, compite el consorcio integrado por las firmas Rowing, Arcos, Transclor y PHX. Por el otro, puja el conglomerado conformado por Roggio ROAS, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. Con las carpetas técnicas ya aprobadas, la atención se concentra en la compulsa de este jueves, donde se conocerán las cifras monetarias ofrecidas por cada bloque para quedarse con la operación.

Una puja sin precio mínimo y con proyecciones oficiales de recaudación

La modalidad elegida para la transferencia se estructuró bajo un formato de etapa múltiple y sin precio de base establecido, lo que significa que el valor final de la compañía quedará sujeto exclusivamente a la puja de los oferentes y al interés del mercado. Fuentes del Palacio de Hacienda estiman que la operación podría dejar ingresos fiscales de entre 450 y 500 millones de dólares, un monto que el equipo económico busca sumar a las cuentas públicas en medio de los compromisos financieros corrientes.

"El proceso licitatorio busca transferir a un operador estratégico la totalidad de las acciones estatales, mientras que el porcentaje restante continuará bajo el esquema de propiedad participada destinado al personal de la empresa", señalaron voceros vinculados al expediente administrativo.

La restitución de AySA al sector privado revierte una estatización concretada hace dos décadas, cuando el kirchnerismo decidió rescindir la concesión que en los años noventa operaba el grupo internacional Suez. Con esta nueva licitación, el servicio que alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y a veintiséis municipios bonaerenses cambiará radicalmente de manos, abriendo un interrogante sobre las futuras tarifas, el plan de inversiones en infraestructura sanitaria y el impacto directo que la transferencia tendrá sobre los millones de usuarios que dependen del suministro diario.