El tablero electoral para los próximos comicios comienza a configurarse con matices propios en cada provincia, mientras los mandatarios distritales evalúan los tiempos y las alianzas necesarias para asegurar sus administraciones. Con la incertidumbre instalada en torno al futuro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la mayoría de los gobernadores opta por despegar los comicios locales de la contienda nacional, trasladando la discusión política al terreno estrictamente doméstico y buscando aislar sus gestiones de las fluctuaciones de la economía central.

En Santa Fe, las tratativas avanzan hacia la fijación de primarias para el mes de abril y elecciones generales en junio, una decisión que acorta los plazos de presentación de listas y moviliza el verano político de la provincia. "El decreto todavía no está pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca", reconoció el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro ante la prensa local, al tiempo que detalló que el diseño del cronograma contempla la superposición de fines de semana largos para evitar la merma en la participación ciudadana.

Negociaciones subterráneas y tensiones con la Casa Rosada

El reacomodamiento de fuerzas también incluye gestos de acercamiento y profundas desconfianzas con el oficialismo nacional conducido por Javier Milei. Mientras algunos administradores provinciales analizan tejer acuerdos tácticos para evitar una fractura en sus terruños, otros prefieren blindar sus sellos locales, como ocurre en Chubut, donde el Ejecutivo regional ratificó la vigencia de su propuesta provincialista con la mira puesta en el mes de agosto.

Lo que nosotros tenemos que discutir es Chubut. Los acuerdos tienen que venir de la mano del 'para qué' y no meramente para ganar una elección, advirtió el mandatario chubutense en medio de las tratativas con la administración central.

Por su parte, en los distritos donde la pulseada con las terminales libertarias asoma más compleja, como en Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las negociaciones se desarrollan en despachos cerrados y están atadas a la suerte legislativa de leyes clave. Las administraciones locales intentan equilibrar la necesidad de contar con un paraguas nacional que ordene el voto con el temor latente a sufrir boicots internos de última hora que fragmenten el caudal de apoyo en los municipios.