La inminente privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comienza a exhibir los detalles más recónditos de su ingeniería societaria, revelando la participación central de un vehículo financiero con sede en un paraíso fiscal del Caribe. La operación, impulsada por la administración central para desprenderse de la compañía que abastece a más de diez millones de personas en el área metropolitana, encontró en un consorcio liderado por empresarios locales al comprador que se quedará con el noventa porंटो del paquete accionario a cambio de una cifra millonaria y un fuerte compromiso de desembolsos futuros.
El eje de la estructura compradora descansa sobre una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Londres pocas semanas atrás, cuyo capital inicial simbólico contrasta con la magnitud del negocio. Detrás de este sello opera un fondo de inversión radicado en Curazao, una jurisdicción de baja tributación perteneciente al reino de Países Bajos, especializado en captar recursos globales para colocarlos en mercados de alto riesgo y buscar rendimientos financieros sostenidos. La elección de radicar el vehículo inversor en territorio británico no es casual, ya que habilita la cobertura del tratado bilateral de inversiones vigente desde la década del noventa, blindando la operación con garantías jurídicas frente a eventuales controversias.
Una trama de proveedores tradicionales y capitales externos
Los socios locales que traccionan la adquisición son figuras largamente conocidas en el ecosistema de proveedores de la propia empresa sanitaria. Uno de ellos encabeza firmas dedicadas a tareas de infraestructura y mantenimiento, mientras que el otro controla desde hace años la provisión de insumos críticos para la potabilización del agua y mantiene injerencia en otros gigantes de la provisión de servicios públicos en la región metropolitana. Junto a un socio brasileño con experiencia regional en el sector, estos actores locales estructuraron la oferta ganadora que superó las estimaciones iniciales de otros competidores y conformaron el consorcio que operará la compañía una vez completados los pasos administrativos de traspaso.
La tasación oficial de la empresa quedó enmarcada en una serie de discusiones técnicas y políticas dentro del gabinete económico, donde se evaluaron tanto los pasivos asumidos como los desfasajes tarifarios acumulados. Para el sector encargado de supervisar la transformación de las compañías estatales, la cifra acordada representa un piso razonable para sanear las cuentas y cumplir con los compromisos internacionales del Estado. Sin embargo, la opacidad en torno a la valuación definitiva y los antecedentes del fondo principal, cuya cartera diversificada incluye desde mercados asiáticos hasta instrumentos globales de renta variable, genera interrogantes sobre la convivencia entre la lógica de alta rentabilidad exigida por los inversores internacionales y la prestación de un servicio público esencial regulado.
En el plano operativo, el nuevo esquema contempla mecanismos automáticos de actualización tarifaria atados a la evolución inflacionaria y cláusulas de revisión extraordinaria ante eventuales saltos cambiarios, asegurando márgenes previsiblemente estables para los nuevos dueños. Con la expectativa de que los fondos ingresen formalmente a las arcas estatales antes de fin de año, el proceso de privatización avanza hacia su etapa final, consolidando un nuevo mapa en la provisión de servicios sanitarios bajo la tutela de un conglomerado que combina el conocimiento del mercado interno con el músculo financiero de los centros offshore globales.
