El Poder Ejecutivo avanza en los tramos finales de un ambicioso proyecto legislativo para reformar de manera integral el mercado de capitales argentino. La iniciativa, anticipada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, apunta a modificar el núcleo de la normativa financiera vigente con el propósito declarado de abaratar el costo del crédito, ampliar los instrumentos de financiamiento privado y profundizar la desregulación de la economía. Desde el Palacio de Hacienda y los despachos oficiales califican al texto como el cierre de un ciclo de transformaciones estructurales destinadas a quitar intermediarios y liberalizar los contratos entre particulares.
El eje vertebrador de la propuesta legislativa radica en una profunda modernización del régimen de garantías y cauciones. Entre las modificaciones proyectadas figura la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías, una herramienta digital centralizada que permitirá a las empresas privadas constituir prendas de manera directa y simplificada. Asimismo, el texto contempla la habilitación de activos futuros como respaldo crediticio, incorporando por ejemplo a las cosechas agrícolas aún no recolectadas dentro del circuito financiero, un modelo similar al implementado en mercados agropecuarios de la región como el brasileño. Paralelamente, se eliminará la obligatoriedad de contratar ciertos seguros específicos y se romperá el monopolio bancario en la ejecución de garantías, permitiendo que un abanico más amplio de actores participe en la resolución de incumplimientos para dinamizar la competencia y reducir sobrecostos operativos.
Nuevas herramientas para pymes y comercios
La reforma proyectada no se limita al segmento corporativo de alta gama, sino que introduce cambios sustanciales en instrumentos de uso masivo para pequeñas y medianas empresas y comercios. En este sentido, el articulado prevé la simplificación en la emisión de pagarés y letras de cambio en múltiples denominaciones, además de remover intermediarios obligatorios en el régimen de la factura de crédito electrónica MiPyME. Con esta medida, el equipo económico busca que las firmas de menor porte accedan a liquidez en el mercado de capitales con menores fricciones burocráticas. A su vez, se habilitará la transformación de los cupones de tarjetas de crédito en títulos negociables que puedan ser comercializados directamente en el mercado bursátil, otorgando a los comercios una vía alternativa de financiamiento al margen de las tradicionales estructuras bancarias y emisoras.
En el plano normativo, la iniciativa propone la derogación de regímenes considerados obsoletos o restrictivos, como la actual ley de crowdfunding y el marco específico de los planes de ahorro y capitalización, los cuales quedarán bajo la órbita general del Código Civil y Comercial. También se actualizarán los marcos para los fondos comunes de inversión y las obligaciones negociables, consolidando por vía legal las medidas de flexibilización aplicadas mediante decretos y resoluciones administrativas durante los últimos meses. Con este paquete de modificaciones, el Gobierno buscará en las próximas semanas el respaldo parlamentario necesario para consolidar un nuevo paradigma en la arquitectura financiera del país, apostando a que una mayor libertad contractual incentive la llegada de inversiones y reactive el crédito productivo.
