El Gobierno nacional resolvió flexibilizar los requisitos para la utilización de los fondos provenientes de los plazos fijos UVA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. A partir de ahora, la herramienta financiera no se limitará exclusivamente a la adquisición de la primera vivienda, sino que incluirá también la compra de inmuebles para quienes ya posean una propiedad pero no dispongan de su uso, además de habilitar líneas específicas para obras de ampliación y refacción en todo el país.

La modificación normativa generó una reacción inmediata en los volúmenes de colocación. Durante el mes de septiembre, los préstamos hipotecarios alcanzaron un registro cercano a los 811 millones de dólares, lo que representa prácticamente el doble en la comparación interanual frente a los 482 millones del mismo período del año anterior y un incremento sostenido en relación con los 732 millones contabilizados en agosto.

La palabra de los especialistas sobre la flexibilización

Desde las entidades financieras públicas remarcan que, si bien la compra de inmuebles continúa siendo la opción más demandada por los usuarios, las alternativas vinculadas al consumo personal y a las refacciones menores ganan terreno debido a la agilidad administrativa que implican frente a la burocracia documental de una escritura tradicional. Referentes del sector inmobiliario y económico coinciden en que la apertura del abanico responde de manera más directa a las urgencias habitacionales de los sectores medios.

“La noticia de que ahora se pueda también refaccionar, ampliar o adquirir segunda vivienda es un golazo ya que se sigue ampliando el espectro de la potencial demanda de un crédito, sobre todo el tema de la refacción o ampliación”, sostuvo Germán Gómez Picasso, titular de Reporte Inmobiliario.

En sintonía con esa lectura, el director de Lambda Consultores, Maximiliano Ramírez, destacó que la medida representa una evolución lógica dentro del esquema de asistencia financiera. “En la práctica, el problema habitacional no pasa únicamente por comprar una primera vivienda, sino también por mejorar, ampliar o adecuar una propiedad ya existente. Al flexibilizar ese requisito, se amplía significativamente el universo de potenciales demandantes”, indicó el especialista al analizar el impacto macroeconómico sobre la construcción y la generación de empleo registrado.

Paralelamente, la normativa redujo de 120 a 90 días el plazo estipulado para la colocación de los fondos adjudicados, un cambio diseñado para presionar a las entidades bancarias a dinamizar la originación de carpetas y evitar la inmovilización del capital recibido. No obstante, las tensiones persisten en las mesas de dinero, donde algunas de las principales entidades privadas optaron por mantenerse al margen de las últimas licitaciones al considerar que las tasas ofrecidas continúan ubicándose por encima de sus expectativas de rentabilidad a largo plazo.