Una intensa columna de humo negro que se divisaba desde varios puntos del casco urbano encendió las alarmas este mediodía en la zona de diagonal 80 y 46, donde un incendio de proporciones obligó a la evacuación total de la Escuela Secundaria Nº 31, el histórico establecimiento conocido tradicionalmente como el ex Comercial San Martín. El siniestro desató momentos de profunda preocupación entre docentes, alumnos y familias que transitaban por las inmediaciones, en una jornada marcada por las condiciones climáticas adversas y las precipitaciones que afectaban a la región.

El foco ígneo se habría originado en un salón multiuso del edificio escolar, donde confluyen instalaciones eléctricas que ahora son peritadas por los especialistas para determinar fehacientemente el origen de las llamas. Ante la rapidez con la que el humo comenzó a invadir los pasillos y las aulas, las autoridades del establecimiento activaron de inmediato los protocolos de seguridad vigentes, logrando sacar a toda la comunidad educativa hacia la vía pública de manera ordenada antes de que la situación pasara a mayores. En cuestión de minutos, tres dotaciones de bomberos arribaron al lugar junto con personal policial y agentes de la Guardia Urbana de la comuna para asegurar el perímetro y permitir el trabajo de las mangueras en el sector afectado.

La respuesta institucional y el alivio tras el operativo

A pesar de la magnitud visual que tuvo el episodio y el temor inicial por la integridad de los menores, las autoridades confirmaron con el correr de los minutos que no se registraron personas heridas ni afectadas de gravedad por la inhalación de humo, más allá de algunas crisis de nervios atendidas preventivamente en el lugar. Trabajadores del establecimiento llevaron tranquilidad a los padres que comenzaron a concentrarse en las adyacencias tras enterarse de la noticia, reiterando que la totalidad de los estudiantes se encontraba a salvo. Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la discusión en torno a la infraestructura y el mantenimiento de los edificios escolares públicos en el distrito, donde las comunidades educativas reclaman de manera sistemática inversiones para actualizar instalaciones eléctricas que datan de hace décadas y prevenir así cualquier tipo de contingencia que ponga en riesgo el ciclo lectivo y la seguridad cotidiana en las aulas.