El frente judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó un elemento técnico que promete reconfigurar la discusión en torno a la causa Vialidad. En las últimas horas, la presentación de un testimonio clave y documentación respaldatoria aportó nuevos datos sobre el manejo de los fondos destinados a la obra pública durante el período investigado, cuestionando directamente el eje argumental sobre el cual se edificó la sentencia condenatoria.

La controversia gira en torno al decreto 54/2009, la norma dictada por el Poder Ejecutivo que habilitó el uso de un fideicomiso financiado mediante un impuesto a los combustibles para cancelar obligaciones con empresas constructoras. Durante el debate oral, los magistrados sostuvieron que dicha normativa tuvo como propósito exclusivo favorecer al empresario Lázaro Báez y a su firma, Austral Construcciones. Sin embargo, la declaración brindada por un exempleado del área de presupuesto de Vialidad Nacional expuso una realidad financiera distinta a la sostenida en el fallo original.

Las claves del nuevo elemento probatorio

  • Distribución de fondos: La planilla presentada detalla que el conglomerado de Lázaro Báez percibió apenas el 0,85 por ciento del total recaudado por el fideicomiso vial.
  • Participación mayoritaria: El 99,15 por ciento restante fue canalizado hacia otras firmas constructoras que operaban en el mercado nacional durante el mismo periodo.
  • Destinatarios principales: Entre las empresas que mayores partidas recibieron figura Iecsa, vinculada históricamente al entorno familiar del expresidente Mauricio Macri.
  • Estrategia legal: Con este registro documental, la defensa técnica prepara nuevas presentaciones tanto en el plano internacional como en el ámbito casatorio local.

A partir de estos elementos, los representantes legales de la exmandataria incorporarán la documentación a la presentación ya radicada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, buscando una medida cautelar que frenda los efectos de la condena. Paralelamente, se prepara un recurso extraordinario de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, con el objetivo de lograr una revisión integral del proceso bajo el argumento de hechos nuevos que desvirtuarían la hipótesis de direccionamiento y beneficio indebido.